El Grupo de Lima emitió este martes 13 de octubre un duro comunicado por la crítica situación que se vive en Venezuela en el que exigió al Gobierno de Nicolás Maduro investigar, juzgar y castigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, Argentina, si bien se mostró a favor de ese punto, rechazó el documento porque avala como autoridad legítima a Juan Guaidó y "llama a una intervención extranjera".
El comunicado fue difundido tras una reunión virtual del Grupo de Lima y tuvo las firmas de los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, como miembros de la organización internacional, y de Ecuador y El Salvador, como países observadores.
En el texto que consta de siete puntos, entre los que se destaca "el apoyo al Presidente Encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas" a las que se le pide que llamen a "elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles".
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También condenaron "las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que comprende presuntos crímenes de lesa humanidad" citando el informe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esa línea, piden que investigar, juzgar y castigar a los responsables de esos delitos.
Por último, manifestaron que "persistirán en procurar converger con otros actores internacionales para movilizar una respuesta común de la comunidad internacional que contribuya a la defensa de los derechos humanos en Venezuela y a la urgente restauración de la democracia y el estado de derecho, que ponga fin a la usurpación, incluyendo las condiciones para una salida pacífica de la crisis, liderada por los propios venezolanos".
Este fue uno de los puntos que más cuestionó la Cancillería argentina en un comunicado que sacó minutos después de la declaración del Grupo de Lima, a la que Argentina no suscribió.
"No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión", inició el área dirigida por Felipe Solá.
En ese sentido, cuestionaron el apoyo a Guaidó: "En primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".
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También se mostró preocupado por "el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la “restauración de la democracia y el Estado de Derecho”. Dijeron que "este llamado a una intervención extrarregional" y que no "puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe".
De todas maneras, Argentina aclaró que comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables y apoya el informe de Michelle Bachelet.
"Argentina confía en la gran vocación democrática del pueblo venezolano. Creemos que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución", agrega el comunicado argentino.
Por otro lado, también cuestiona "las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten sobre los sectores más necesitados". Y concluye: "Argentina mantendrá siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y sostendrá los principios de no injerencia, paz y resolución política y democrática de la crisis venezolana".
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El comunicado del Grupo de Lima
Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, y del Ecuador y El Salvador, países observadores, reunidos de manera virtual, comprometidos en contribuir a la recuperación de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela y a aliviar la crisis multidimensional que padece la población venezolana, declaran lo siguiente:
1. Renuevan su apoyo al Presidente Encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas, y destacan su evidente voluntad y compromiso por contribuir a la transición democrática, conducida por los propios venezolanos, como único camino para alcanzar la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela.
2. Expresan su firme rechazo a la persistencia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de celebrar elecciones parlamentarias sin las mínimas garantías democráticas y sin la participación de todas las fuerzas políticas. Reiteran que la democracia se restablecerá plenamente en Venezuela mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, que incluyen un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, garantías de seguridad para los votantes, un censo electoral actualizado, la plena libertad de prensa y acceso a los medios de comunicación, la participación política de todos los venezolanos, acompañadas de observación electoral internacional independiente.
3. Manifiestan su condena a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que comprende presuntos crímenes de lesa humanidad, documentadas en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 16 de septiembre último, el Informe ante dicho Consejo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reafirman su respaldo a la resolución 45/2 de ese Consejo que renovó por dos años el mandato de dicha Misión Internacional a fin de que esta continúe profundizando sus tareas de investigación y análisis.
4. Recomiendan que el informe de la Misión Internacional Independiente pueda ser materia del examen preliminar sobre la situación de Venezuela que lleva a cabo la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. Asimismo, que a la luz de los hallazgos de estas investigaciones, los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas y testigos reciban la debida reparación y protección.
5. Expresan la urgencia de que se investigue a fondo las conexiones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, y hacen un llamado a las autoridades internacionales competentes a redoblar sus esfuerzos sobre este asunto.
6. Reconocen la dimensión y complejidad de la crisis humanitaria, económica, política, social y ambiental en Venezuela, la cual viene siendo agravada por los efectos de la pandemia, así como su impacto en la seguridad y estabilidad de la región y sus implicaciones internacionales. Saludan la labor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y reiteran la necesidad que el régimen respete los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia para reforzar la capacidad de respuesta de las organizaciones humanitarias. Asimismo, reiteran la importancia de apoyar los esfuerzos de los países de acogida en la región con los migrantes y refugiados venezolanos, y hacen un llamado a las fuentes cooperantes a redoblar su apoyo a la respuesta humanitaria frente a la crisis multidimensional que se evidencia en Venezuela.
7. Reitera que persistirán en procurar converger con otros actores internacionales para movilizar una respuesta común de la comunidad internacional que contribuya a la defensa de los derechos humanos en Venezuela y a la urgente restauración de la democracia y el estado de derecho, que ponga fin a la usurpación, incluyendo las condiciones para una salida pacífica de la crisis, liderada por los propios venezolanos.
El comunicado de la Cancillería argentina
El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha. Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión.
En primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
La Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global.
En este contexto, preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la “restauración de la democracia y el Estado de Derecho”. Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe.
Respecto de Venezuela, la Argentina comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En tal sentido reitera su apoyo al valioso trabajo que viene realizando la Alta Comisionada Michelle Bachelet dentro de Venezuela desde 2019, mediante el registro de testimonios y denuncias, y cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argentina confía en la efectividad de los mecanismos de protección desplegados en ese marco.
Como país receptor de un importante flujo de migrantes venezolanos, Argentina entiende el impacto regional en materia migratoria. En este sentido, reafirma nuestro compromiso con una eficiente respuesta a la crisis migratoria y humanitaria venezolana desde un enfoque de derechos humanos. Argentina ha sido y continuará siendo un país receptor de inmigrantes, manteniendo incólume la igualdad de derechos civiles, sociales y económicos entre nacionales y extranjeros.
Argentina confía en la gran vocación democrática del pueblo venezolano. Creemos que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución.
Argentina reitera nuevamente que el rol de la comunidad internacional, en una coyuntura especialmente agravada por la pandemia del COVID-19 y por las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten sobre los sectores más necesitados, debe ser el de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes. Solo así será posible hallar una salida política que, en el marco de los mecanismos institucionales y constitucionales vigentes, liderada por los propios venezolanos, lleve en el más breve plazo posible a la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos, a la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente.
Argentina mantendrá siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y sostendrá los principios de no injerencia, paz y resolución política y democrática de la crisis venezolana.
EuDr CP
