El Gobierno decretó que las sospechas sobre Gustavo Arribas son un tema resuelto y cerrado. Si bien el jefe de la AFI no aportó todas las pruebas prometidas, al macrismo le alcanza con un argumento de trazo grueso: Arribas no podría haber recibido una coima de la constructora Odebrecht destinada al gobierno kirchnerista.
La intención de blindar al amigo de Mauricio Macri coincidió con la reciente difusión de una parte de las escuchas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Hace casi seis meses, la Agencia Federal de Inteligencia tuvo acceso directo a esas conversaciones, y hasta transcribió cinco párrafos incluidos en una causa contra Parrilli, pero negó haberlas difundido a la prensa.
Por decisión del juez Ariel Lijo, los agentes de la AFI captaron online las pinchaduras telefónicas a Oscar Parrilli, último jefe de la ex SIDE kirchnerista, incluidas las charlas con Cristina Fernández. Lijo podría haber delegado el trabajo en alguna otra fuerza de seguridad, pero optó por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A pesar de que las escuchas dependen de la Corte Suprema (y ya no de la AFI), Lijo pidió en junio pasado la colaboración de los agentes y se inclinó por la modalidad urgente del vivo y en directo, en general usada en casos de secuestros extorsivos.
El juez justificó esa decisión por el protagonismo que había tenido la ex SIDE en el inicio de la investigación contra Parrilli y otros tres ex espías (uno de ellos fue el director de Asuntos Judiciales de la AFI en la gestión kirchnerista, Emiliano Rodríguez). Según la versión de la actual conducción de la Agencia, los jefes macristas dieron con una carpeta que muestra la complicidad de Parrilli con el narco Ibar Pérez Corradi, entonces prófugo por el triple crimen de General Rodríguez. Desde la AFI ahora reafirman que no hubo nada de excepcional en esa intervención, ante la solicitud de Lijo.
Casi en paralelo al desarrollo de la pinchadura (que duró más de dos meses), los espías transcribieron cinco párrafos de los noventa CD con las conversaciones de Parrilli. En uno de ellos figura el imperativo pedido de Cristina Fernández a Parrilli: “Empezá a buscar las causas que le armamos (a Jaime Stiuso), no que le armamos, que le denunciamos”. Desde que terminó el lapso de las escuchas, la desgrabación figura en la causa en la que se investiga a Parrilli por encubrimiento a Pérez Corradi. Es decir que desde hace más de cinco meses, tanto la AFI como el juez Lijo, el fiscal Guillermo Marijuan y el propio Parrilli manejan ese dato. La filtración del audio, sin embargo, coincidió con la defensa por goteo que desde hace veinte días despliega Arribas, ante la denuncia que lo involucra en el escándalo de Odebrecht.
Cita en Tribunales. El miércoles pasado, Arribas y Lijo se encontraron mano a mano en Comodoro Py. Pero la cita no tuvo relación con la investigación contra Parrilli, alentada por la AFI, que derivó en la controversial filtración de la charla con Cristina Kirchner. El juez y el amigo de Macri se vieron por la causa iniciada por Elisa Carrió contra Arribas por haber cobrado al menos 70 mil dólares de parte de una offshore vinculada a Odebrecht.
Ahí Arribas repitió que no tiene ninguna conexión con la constructora brasileña, y que sólo recibió un pago por la venta de una propiedad en San Pablo. Ese argumento, sumado a la supuesta incongruencia de que el amigo de Macri haya mediado entre Odebrecht y el gobierno kirchnerista, es la mayor carta que juega el oficialismo en defensa del jefe de los espías. Sobre los eslabones intermedios de la trama faltan algunas pruebas que lo desliguen definitivamente: por ejemplo, Arribas todavía no mostró el título de propiedad por la venta que declara haber hecho. Para el Gobierno, sin embargo, su inocencia ya está probada.
Un nombre que se mantiene en secreto
El viernes, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, pidió a la Justicia otras 48 horas para presentar los documentos que lo desligarían del caso de supuestas coimas en el Lava Jato.
El abogado del funcionario se presentó ante el juzgado federal Nº 6 con una nota certificada por un escribano. Allí revela el nombre del supuesto comprador brasileño del inmueble que Arribas asegura haber vendido a cambio de los US$ 70 mil que le transfirió el operador financiero de Odebrecht, Leonardo Meirelles, condenado en Brasil por el caso de corrupción Lava Jato.
La nota presentada es un mensaje del ciudadano brasileño en el que pide a Arribas que se reserve su identidad debido a que la transacción podría traerle problemas tributarios. El giro que Arribas recibió en su cuenta en Suiza está a nombre del cuevero Meirelles y no del supuesto dueño del dinero.
