Autos diplomáticos, en punto muerto: Oyarbide apenas pudo indagar al empleado de mesa de entradas

La causa en la que el juez federal Norberto Oyarbide investiga irregularidades en el otorgamiento de franquicias diplomáticas para automóviles quedó inesperadamente suspendida hoy, justo cuando comenzaba el desfile de indagatorias y el empleado de menor rango de la Cancillería alcanzó a negar que haya sido partícipe de la maniobra. Sucede que la Cámara en lo Penal Económico pidió el expediente para resolver el problema de competencia que existe entre los fueros Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico.

Fue así que Oyarbide remitió el sumario al edificio de Avenida de los Inmigrantes al 1900, en Retiro, y debió cancelar momentáneamente la seguidilla de indagatorias que culminarían con el interrogatorio al ex director del área Franquicias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Matas. No obstante, Oyarbide alcanzó a tomar declaración indagatoria al primero de la lista: Roberto Zárate Barrios, el encargado de la mesa de entradas del área que se desprendió de las sospechas y evitó salpicar a los otros imputados.

Sin embargo, en el interrogatorio el empleado habría admitido que la secretaria de Matas, María Cristina Santander, y la hija de la mujer, Marisol Rodríguez, parecían mantener un alto nivel de vida, superior al que podría darles sus sueldos en la Cancillería, revelaron fuentes judiciales.

Más allá de esa admisión, dijeron las fuentes, el empleado insistió en negar que haya estado al tanto de las irregularidades porque -aclaró- sólo daba curso a los papeles que ingresaban en el área de Franquicias y que llegaban a manos de Matas.
También, según los voceros tribunalicios, habría dicho que no recordaba haber visto a Matas con el gestor Pablo Rodríguez, uno de los sospechados en la causa y quien -según una empleada que es testigo de la causa- habría sido habitué de las oficinas del ex director.

Mañana, Oyarbide debía seguir con el interrogatorio a la secretaria y su hija, luego al director de Ceremonial y jefe de Matas, Marcelo Pujó, y más tarde a Pablo Rodríguez y Matas, pero el trámite quedó interrumpido.

El juez Oyarbide dispuso la medida luego de que la Cámara en lo Penal Económico reclamara el expediente para analizar si corresponde unificar el sumario que se lleva en los tribunales de Comodoro Py 2002, por supuesta asociación ilícita, con el que se abrió apenas horas después, por pedido de la Aduana, para investigar el contrabando agravado que se habría generado con la misma maniobra.

Al respecto, el juez en lo penal económico Jorge Brugo le pidió a su par federal que se declare incompetente y le remita la investigación por entender que las figuras que se analizaban en su despacho eran más graves que las del fuero federal, pero fue entonces cuando Oyarbide rechazó el reclamo y avanzó con la idea de la asociación ilícita. La causa se inició en el fuero federal con la denuncia del canciller, Jorge Taiana, que llevó la auditoría interna que demostraba irregularidades en la mayoría de los permisos dados por esa oficina entre 2004 y 2007.

Pero al día siguiente, el ahora ex titular de la Aduana Ricardo Echegaray presentó una denuncia en el fuero penal económico para investigar el contrabando agravado por los impuestos que no se pagaron cuando esos autos entraron al país. En rigor, los dos jueces están investigando si la autorización para agregados extranjeros que les permitía importar autos sin pagar impuestos fue usada por algunos para crear un "negocio de compra y venta de autos, de manera ilícita y abusiva", denunció la Oficina Anticorrupción.

Por ahora, la causa federal avanzó sobre los funcionarios, mientras que el expediente en el fuero penal económico recolectó gran cantidad de información sobre los intermediarios y poseedores de los vehículos para seguir avanzando en la pirámide hacia arriba.

Fuente: DYN