Los operativos de apertura de las cajas de seguridad del sindicalista Marcelo Balcedo comenzaron este jueves, cuando se encontraron alrededor de 7,5 millones de dólares. En esta oportunidad, al abrir otras dos cajas de seguridad, se encontraron documentos que pueden ser de gran relevancia para determinar el entramado del caso.
El titular del Sindicato Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación, (SOEME) quien es investigado por lavado de dinero, había contratado los servicios de las únicas dos empresas que cuentan con habilitación del Banco Central para alquilar cajas de seguridad por fuera del sistema bancario, según informó el portal uruguayo El Observador.
Vínculos. Durante los procedimientos fue hallada información "valiosa", según informó el Fiscal Rodrigo Morosoli, para tratar de explicar la historia financiera y económica de Balcedo desde que llegó al país vecino, en 2010. Es por eso que los documentos serán objeto de análisis por parte de la fiscalía, para así trazar su posible vinculación con políticos y empresarios locales.
Las cajas de seguridad en las que se hallaron dinero y documentación eran alquiladas por empresas que estaban obligadas a reportarle al Banco Central toda actividad que sea sospechosas de lavado. Debido a lo sucedido, la Secretaría Antilavado investigará a las empresas que ofrecieron el servicio al sindicalista y serán investigadas a su vez las inmobiliarias que le vendieron propiedades a Balcedo, así como los escribanos y empresas constructoras que trabajaron para él durante los últimos años.
Extraditación. La Justicia Federal de La Plata tiene tiempo hasta el próximo jueves para requerir la extradición del sindicalista y de su mujer, Paola Fiege, ambos detenidos desde el 4 de enero, por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
Según trascendió, el juez Ernesto Kreplak, quien instruye la causa, está reuniendo las pruebas necesarias para hacer efectivo el trámite, pero ya giró la documentación a la oficina de Cooperación Internacional de la Procuración de la Corte de la Nación y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) El jueves 4 de febrero vence el plazo de un mes que tiene la Justicia argentina para formalizar la solicitud, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
Qué se hace con lo incautado. El dinero encontrado puede ser decomisado por el Estado uruguayo y ser enviado a un fondo con el que se financia la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, a cargo de la Junta Nacional de Drogas. Los bienes que no sean dinero en efectivo, podrían ser subastados para destinarse al mismo fin, según publicó El Observador.
