"Cambiar la Constitución en este escenario es una aventura"

—Cada vez más, los ciudadanos sienten que el aparato legal es ineficaz y algunos optan por hacer justicia por mano propia, aun siendo funcionarios, como en el caso de Luis D’Elía.
—Es cierto. Muchos ciudadanos están disconformes con la actuación del Poder Judicial, pero tienen que acudir a las vías legales, jamás a las del hecho. Ahora bien, en los últimos años advertimos un sensible deterioro del órgano judicial. Felizmente, aún tenemos muchos jueces con una gran vocación por la función jurisdiccional. Otros, en cambio, quizás la estén usando como un medio para su posterior triunfo en la carrera política o en el ejercicio de la abogacía.

—¿En qué se evidencia ese deterioro del Poder Judicial?
—En que de los tres órganos gubernamentales, el Judicial siempre ha sido el más descuidado. Alcanza con ver su infraestructura y compararla con la que tienen el Congreso o los ministerios y las secretarías de la Presidencia. Al mismo tiempo, la gran cantidad de vacantes que hay hace que un juez quizá tenga a su cargo dos juzgados, o que se nombren inconstitucionalmente los llamados jueces subrogantes. Es decir, de manera provisoria se nombra juez a un secretario por la simple decisión del Consejo de la Magistratura, y no por mandato del Presidente con acuerdo del Senado, que es la única forma en que debería elegirse un magistrado. Muchas veces son personas inexpertas o que no tienen el coraje cívico suficiente, por no disfrutar de esa habilidad, para afrontar la solución de ciertos casos. Y esto es un grave perjuicio para el Poder Judicial.

—Hablamos de la ciudadanía, pero muchas veces los políticos intentan imponerse a la ley.
—Sí. Los jueces están sujetos a una continua presión, tanto de los litigantes y de la sociedad como del sector político. Por eso, un juez debe tener la suficiente personalidad y fortaleza de espíritu para repeler esas presiones y actuar conforme a derecho. En cuanto a las presiones políticas, lamentablemente existen y pueden desencadenar juicios de remoción contra ciertos magistrados que no están dispuestos a acatarlas. Es algo que hemos visto en varias ocasiones.

—Yendo a la reforma constitucional mencionada por el presidente Néstor Kirchner, entiendo que para usted hoy no es viable. ¿Qué condiciones son las que deberían darse?
—Superar la crisis institucional que estamos viviendo, algo fundamental para abordar una reforma y poder verificar si es necesaria. Pero hoy eso no pasa y hay una crisis institucional. Existe una gran concentración de poder en el órgano ejecutivo, que emite continuamente decretos de necesidad y urgencia en materia legislativa, y desde 2002 el Congreso ha delegado en el Presidente el ejercicio de facultades legislativas, con lo cual ha pasado a un segundo plano, sensiblemente desarticulado en su rol de control sobre la figura presidencial. Al mismo tiempo, cada vez más se deteriora la independencia del Poder Judicial. Los vacíos que hay, la falta de cobertura de las vacantes judiciales, la modificación de la ley que regula el Consejo de la Magistratura, el incumplimiento por parte del primer mandatario del decreto que él mismo dictó para acelerar la designación de los jueces de la Corte Suprema. Todo esto revela una tendencia que busca subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo. Eso es una crisis institucional, e intentar cambiar la Constitución en tal escenario es una aventura. Sería creer que con reformar las leyes vamos a superar una crisis que no es generada por las leyes sino por la conducta de los hombres que no quieren cumplirlas. Mientras no generemos el respeto de la ley por gobernantes y gobernados, la crisis institucional se acrecentará, con un final difícil de prever, pero que no va a ser feliz.

—Sobre todo, si se tiene en cuenta la experiencia de reformas constitucionales pasadas.
—Claro. Desde que en 1860 entró en vigencia nuestra Constitución, tuvimos una reforma en 1866 y otra en 1892, que tocaron uno o dos artículos muy puntuales. Luego, en 1949 se cambió a una Carta Magna que, lejos de responder a los valores que forjaron la del ‘53-’60, tenía más que ver con el pensamiento europeo de la década del ‘20. Esa reforma quedó sin efecto en 1957 y se retomó la Constitución anterior, modificando dos artículos, uno de ellos muy importante: el 14 bis, referido a los derechos sociales. Es a partir de 1949 que se empieza a ver un deterioro de la Constitución como símbolo en el pueblo. Por eso fue posible que en 1972 fuera reformada por un gobierno de facto, con apoyo de las dos grandes fuerzas políticas de entonces, la UCR y el PJ.

—Por último, llegamos al Pacto de Olivos y a la polémica reforma constitucional de 1994.
—En 1994, el grueso de la ciudadanía no advertía la necesidad de ese cambio, que fue inspirado por el deseo del presidente y sus seguidores de una reelección inmediata. De ahí que el Pacto de Olivos se forjara a espaldas de la ciudadanía. Esa reforma amplió los poderes del Presidente al constitucionalizar los decretos de Necesidad y Urgencia, y con la delegación de las facultades legislativas. Lo sugestivo es que si se va a los debates en la Convención Reformadora, se ve a personalidades destacadas, como por ejemplo al doctor Juan Carlos Maqueda, actual juez de la Corte, quien señalaba que con la reforma se iban a reducir los poderes del Presidente. Un argumento realmente insostenible en ese momento, y la práctica así lo ha demostrado.

—Que desde la Presidencia se hable con tan poco cuidado de un proyecto como la reforma de la Carta Magna, ¿da cuenta de la forma en que el Poder Ejecutivo ve a la Constitución?
—Desde ya que sí. También entendamos que una de las fuerzas que tiene el gobierno actual es su habilidad para conocer los deseos de la ciudadanía y encarrilarse en función de esas intenciones primarias, que se revelan a través de las encuestas. Es muy probable que esta propuesta de reforma constitucional, lanzada de manera tan elemental, apuntara a ver cómo iba a reaccionar la sociedad y en función de eso avanzar o no sobre el tema. Por otra parte, si bien se hablaba de volver al sistema de 1994, con seis años de gobierno y sin posibilidad de reelección inmediata (algo con lo que yo estaría de acuerdo), sabemos que cuando se hace una reforma siempre se incluyen otros proyectos, cuñas que dañan la estructura constitucional.

—Entonces, ¿usted siente que el gobierno actual apoya a la Justicia o la condiciona?
—En materias que son irrelevantes desde el punto de vista político, no se advierte injerencia, pero en temas en que el Gobierno puede sacar rédito político, sí se advierte una injerencia y una presión sobre los jueces, en particular del fuero federal. Lo vimos, por ejemplo, cuando el Presidente explícitamente señaló que Luis Patti no podía ser diputado nacional, y los integrantes de la Cámara de Diputados siguieron al pie de la letra su sugerencia, impidiendo el ingreso de una persona que, conforme al Pacto de Juan José de Costa Rica, no tenía impedimentos. Eso revela una gravitación, que también se ve en la forma poco feliz en que el Presidente descalifica a sus adversarios y califica a la prensa, siempre y cuando tenga una opinión crítica. Todo eso revela un afán importante de concentración de poder y una cuota elevada de intolerancia, aspectos no compatibles con un sistema democrático constitucional. Y ese estilo tiene un efecto multiplicador. Gobernadores y figuras políticas de segundo o tercer nivel lo están copiando.

—¿En el caso de los medios, las tensiones con este gobierno tienen algo de particular?
—Siempre hay tensión entre el Gobierno y la prensa. Es inevitable. Si la prensa claudica ante esas presiones, desaparece la libertad de prensa, y si se impone al Gobierno, entramos en la anarquía. Es necesario un equilibrio. Pero en muchos periodistas, el estilo del Presidente genera un razonable temor. Los casos de Pepe Eliaschev, Víctor Hugo Morales y otros periodistas son un signo de interrogación sobre lo que está pasando. Por ejemplo, si miramos los programas políticos de televisión por cable, en función de su publicidad podemos determinar a qué corriente de pensamiento responde el editorial del programa, aunque no necesariamente la del periodista. Hay programas que tienen una significativa publicidad oficial y otros que no tienen ninguna. En definitiva, el Gobierno usa dinero del Estado para satisfacer sus necesidades. Eso también ha pasado en otras gestiones, pero no con la misma intensidad que pasa hoy.

—Intuyo que se opone al deseo reeleccionista del misionero Carlos Rovira y de otros gobernadores.
—Siempre fui adversario de la reelección del Ejecutivo, nacional o provincial. Lamentablemente, desde 1994 en adelante, muchas de las reformas constitucionales provinciales han permitido la reelección del gobernador, y ahora en el caso de Misiones se pretende una renovación sin límites. Eso atenta contra los principios básicos de la forma republicana de gobierno, que es la periodicidad en los cargos y la renovación permanente de las personas físicas que los ejercen. Ya Juan Bautista Alberdi consideraba que la Constitución debía ser reformada estableciendo que quien ejerció la Presidencia nunca más pueda volver a hacerlo. Alberdi comprendía que el poder tiene un gran atractivo y que quien lo posee no lo quiere perder, sino incrementarlo; a menos que cuente con un gran autocontrol y autocrítica, en cuyo caso actuará de forma más moderada.

—Por desgracia, ése es un perfil que no suele verse en la política argentina. Entonces, ¿qué le queda a la ciudadanía para volver a creer en la Justicia y sentir que ella le pertenece?
—Adoptar dos tipos de conductas: protestar y resistir. Muchas veces oímos decir: “¿Qué puedo hacer yo?, si trabajo 10 horas al día, mantengo a mi familia y no tengo tiempo para dedicarme a la política o entrar a una ONG”. Eso es cierto, pero lo fundamental es que en su vida privada esa persona no claudique a sus principios, que resista y denuncie. Esa actitud individual, en la medida que tenga un efecto multiplicador en la sociedad, puede cambiarlo completamente todo.

Corte K Y aborto

—La Corte Suprema sufrió varios cambios con la llegada del kirchnerismo y hoy muestra un perfil más acorde con el del Presidente; ¿esa afinidad es positiva para las instituciones?
—Al contrario. Sólo habrá real independencia cuando la Corte y, por añadidura, los jueces inferiores no tengan compromisos con el Ejecutivo de turno. Pero, desde 1955, sólo las gestiones de Arturo Illia y Fernando de la Rúa respetaron la Corte nombrada por gobiernos anteriores.

—¿Se puede evaluar el actuar de esta Corte en lo que va de la gestión Kirchner?
—Todavía es prematuro. No hay coherencia entre los jueces de la Corte, y falta una jefatura clara. Pero la Corte sí ha modificado mucha doctrina expuesta por su anterior composición, como en el caso de las ART y los accidentes del trabajo. Probablemente, también modifique el criterio en cuanto a la viabilidad del aborto y a que las Cámaras del Congreso no pueden impedir el acceso a personas elegidas por el pueblo. En materia de prensa, veo un criterio mucho más pendular que antes, salvo en algunos de sus integrantes, especialmente el doctor Carlos Fayt, que es muy celoso en la defensa de una prensa libre y responsable. Pero, en términos generales, aún es prematuro para señalar cuál es la línea de pensamiento de los jueces de esta Corte.

—Mencionó la cuestión del aborto, en la que parece imposible llegar a un acuerdo.
—El tema es delicado, porque si bien hay un artículo del Código Penal que autoriza el aborto de la mujer disminuida en sus facultades mentales que haya sido violada, esa norma data de la década del ’20 del siglo pasado y respondía a concepciones racistas en boga por entonces, según las cuales el hijo de una persona tal también iba a padecer los mismos defectos de la madre. Pero tras la sanción del Pacto de San José de Costa Rica, se dice que la vida del niño comienza a partir de la concepción, y en la Convención de los Derechos del Niño la Argentina dice que niño es toda persona desde la
concepción hasta los 18 años. Además, el artículo 65, inciso 23, de la Constitución dispone que el Estado debe dar especial contención a la niñez desamparada desde el embarazo. A la luz de estos tratados internacionales, algunos concluyen que esas normas del Código quedan sin efecto y el aborto no sería viable constitucionalmente. Ese es el debate, uno que debe darse desde el punto de vista jurídico, prescindiendo de toda valoración religiosa. Si aceptamos que desde la concepción ya hay un niño que tiene derechos, la pregunta es: ¿en qué caso se justifica dar muerte a ese niño y sobre la base de qué derechos? Ese es el debate por hacerse.

Actitudes oficiales sin cambios

—¿Ve algún cambio en este gobierno respecto de dos históricas investigaciones judiciales truncas, como las de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA?
—No percibo cambio alguno. Salvo algunas declaraciones y declamaciones, no advierto que este gobierno haya hecho más que los anteriores para encontrar a los responsables del caso AMIA, y en la causa de la Embajada de Israel, para juzgar a quienes perpetraron esos atentados, que a mi modo de ver son delitos de lesa humanidad, porque por más que hayan provenido de grupos terroristas, sabemos que son organizaciones con similitudes a las que puede presentar un Estado.

—Las actuales autoridades se habían comprometido a dar un golpe de timón en estas dos causas...
—Yo no lo advierto, y un mes atrás tuve conocimiento de un hecho que creo demuestra todo lo contrario a lo que pretendía el Presidente. Unos jóvenes israelíes quisieron efectuar una manifestación de protesta ante la Embajada de Irán, pero no pudieron hacerlo porque apareció un grupo de Quebracho, en una zona liberada por la Policía. Fueron con palos, cubiertos los rostros y con un mensaje amenazador. Creo que eso es una muestra clara de que en definitiva no se quiere tratar de proteger razonablemente a cierto grupo religioso en la Argentina.