La líder de la Coalición Cívica y referente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, denunció este miércoles al juez Roberto Gallardo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Dentro de los argumentos que la ex diputada y los legisladores porteños que la acompañan en la acusación exponen, se encuentra la decisión del Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de obligar al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a remover el vallado alrededor de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Aquella decisión despertó el enojo de la administración porteña, que incluso apeló el fallo. Luego hubo cruces mediáticos donde Gallardo mandó a Larreta a "leer la Constitución".
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Dentro de la denuncia, se explica que el juez "habría cometido actos en oportunidad del ejercicio de sus funciones, que podrían, prima facie, a nuestra consideración, encuadrar en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso con el delito de prevaricato de conformidad con lo prescripto por los artículos 248 y 269 del Código Penal de la Nación, por los hechos que seguidamente se exponen".
![Maternidad Sarda y juez Roberto Gallardo-20210420](https://fotos.perfil.com//2021/04/20/900/0/maternidad-sarda-y-juez-roberto-gallardo-20210420-1161503.jpg)
También expresan que hubo una vulneración de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires al quitarle competencia a las fuerzas de seguridad. Además, alegan que por esa decisión se produjo el intento de homicidio contra Cristina Kirchner, lo que mostró el estado de indefensión de la Vicepresidenta e incluso de los vecinos.
"La resolución judicial dictada por el Jueza Gallardo (sic) con fecha 29 de agosto de 2022, viola de manera flagrante lo dispuesto por la Constitución Nacional (art 129 CN) y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires al haber suspendido el servicio de seguridad pública de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", dice la denuncia.
Luego agrega: "No solo con ello se va en contra de lo consagrado en nuestra Carta Magna y en la clara voluntad legislativa del momento en que fue consagrada la autonomía local, sino que se está atentando así contra la protección y seguridad de los habitantes de esta Ciudad, dejándolos desamparados a potenciales hechos delictivos".
Los argumentos de la denuncia contra el juez Gallardo
Durante las 17 páginas que fueron rubricadas por Carrió y los legisladores porteños Juan Facundo Del Galso, Leandro Reyes y Lucía Noelia Romano, se citan diferentes artículos que habría violado Gallardo, concluyendo que hubo un "incumplimiento flagrante de los dispuesto por la Constitución Nacional".
"Esto es así, ya que ha arrogado potestades que no le son inherentes a su cargo judicial, sino que busca determinar formas de implementar planes de seguridad concernientes al Poder Ejecutivo local, y hasta se atribuye las competencias del Poder Legislativo al legislar sobre una nueva categoría de competencias, violentando el orden jurídico e institucional vigente, conforme examinaremos", dicen los partidarios de la Coalición Cívica.
En otro pasaje mencionan que hay una vulneración de las Constituciones Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "así como también forzó, violentó los decretos y resoluciones que regulan de carácter federal, y hasta “legisló” sobre una nueva categoría de competencias, violando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires; así como la omisión de las normas del debido proceso y defensa en juicio del amparo, todas ellas que él mismo debía cumplir y velar por su cumplimiento, lo cual finalizó en el dictado de un decisorio contrario al orden jurídico e instruccional vigente".
En fallos anteriores, las críticas de Juntos por el Cambio contra Gallardo se multiplicaron, ya que alegaron una cercanía con el kirchnerismo. Anteriormente, y como en repetidas oportunidades, el partido que creó Carrió fue ante la justicia y presentó un amparo para cuidar la seguridad de los vecinos de Cristina Kirchner, en aquellos días donde la vigilia de los militantes rodeaba la esquina de Juncal y Uruguay, en Recoleta.
Por ello los integrantes de la CC mencionan el artículo 248 del Código Penal que reprime con pena de un mes a dos años a los funcionarios públicos que dicten normas en contra de constituciones, leyes nacionales o provinciales. También se le aplica la suspensión "especial" del cargo por el doble del tiempo.
Sobre el final alegan que "el Juez Gallardo ha ido más allá de lo requerido por los amparistas (que debemos recordar, que solicitaban simplemente que se “garantice la libre circulación de las personas, los derechos a la libertad de expresión en su faceta de derecho a manifestarse en la vía pública, todo eso a efectos de garantizar la paz social en nuestra ciudad.”), nuevamente arrogándose potestades inexistentes, que lo único que ha generado es mayor conflictividad y peligro en la zona de Recoleta".
GI/fl