Alejo Ramos Padilla, el juez federal de Dolores que investiga el escándalo de espionaje ilegal y extorsión que realizaba una banda encabezada por Marcelo D'Alessio, donde se vieron involucrados funcionarios de la AFI, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo además de reconocidos periodistas, recibió este viernes la noticia que desde el Consejo de la Magistratura cerraron las denuncias que pesaban en su contra por su desempeño en la causa.
La denuncia había sido un pedido explícito del expresidente Mauricio Macri, que incluso públicamente había definido al magistrado como alguien que "se mandó varias" y un juez que "no es ecuánime" del cual esperaba que fuera destituido. En esa línea se había manifestado el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, y el propio Juan Bautista Mahiques, entonces representante del Ejecutivo, presentaría dos acusaciones que hoy fueron desestimadas.
En primer lugar, Ramos Padilla fue acusado de violar el secreto de sumario de la causa cuando se presentó en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación a notificar la dimensión del escándalo investigado. A su vez, también fue luego denunciado por la aparición de unas escuchas a exfuncionarios del kirchnerismo que hablaban de un "operativo puf" y mencionaban el caso que lleva adelante el juez de Dolores.
Se reanuda el caso D'Alessio: cuáles son los nuevos rastros que sigue Ramos Padilla
Los argumentos por los que el Consejo de la Magistratura desestimó, casi un año después de la presentación, a dichas denuncias, fueron que el secreto de sumario ya había sido levantado en el momento en el que el juez se presentó ante los legisladores nacionales que lo habían invitado a exponer, además de que no reveló indicios puntuales del caso en esa intervención.
Y, a su vez, que las escuchas, cuya procedencia anónima no pudieron explicar los denunciantes Carlos Stornelli y Elisa Carrió (apuntados en la investigación por sus vínculos con D'Alessio), se trataban de una instrucción que llevaba adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien había ordenado eliminar, como indica la ley, esas escuchas que buscaban pistas de una causa por narcotráfico. Villena también procesó a Marcelo D'Alessio por lavado y allanó su domicilio el mismo día que Ramos Padilla ordenó el mismo procedimiento, en los primeros meses del 2019.
Por otro lado, la mayoría del Consejo que cerró las denuncias consideró que el accionar del entonces presidente Mauricio Macri y sus funcionarios era una presión e intervención sobre el Poder Judicial. La defensa del juez de Dolores, su padre Juan Ramos Padilla, también juez, había pedido citar a declarar a todos los agentes que habían acusado un mal desempeño del magistrado, es decir, Macri, Stornelli, Carrió, Bonadio, los periodistas Luis Majul y Jorge Lanata, entre otros.
Para defenderse, Ramos Padilla citó a Macri, Cristina, Carrió, Garavano, Bonadio, Lanata y Majul
Además, destacaron que la actuación de Ramos Padilla en la causa D’Alessio fue "convalidada por la Cámara Federal de Mar de Plata, luego por la máxima instancia penal, Casación Federal, que entendió como válido lo actuado. Y en esa causa, el fiscal (Juan Pablo Curi) ya pidió la elevación a juicio, y el tema está esperando en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. No es cuestionable su accionar", dijo el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, el presidente del Consejo que encabezó el dictamen desestimatorio.
"No es admisible que cuando no nos gusta cómo piensa un juez, busquemos presentar una denuncia para minar su accionar o su investigación. El ex presidente Macri dijo en su momento que 'a este juez hay que sacarlo porque ya hizo varias. Es inadmisible cualquiera sea el funcionario que lo diga, de cualquier jerarquía. Debemos investigar y cuando no hay motivo, desestimar las denuncias rápidamente", señaló Lugones.
Se obtuvieron seis votos a favor sobre el total de nueve miembros que tiene la Comisión de Disciplina y Acusación. Se opusieron el diputado del PRO Pablo Tonelli, la senadora de la UCR Silvia Giacoppo y la abogada también de origen radical Marina Sánchez Herrero. Ellos aludieron a que faltaban las últimas copias del expediente que "todos los días" suma datos nuevos, según dijeron a PERFIL fuentes judiciales. "Es un pedido insólito para demorar", agregaron.
A pesar de las internas, se acerca el juicio oral. La relación entre Ramos Padilla y el fiscal Juan Curi, a cargo de la investigación de esta banda delictiva, está rota. Hace rato que no hay prácticamente diálogo y a lo largo de la causa se han manifestado diferentes interpretaciones. Curi, desde un inicio, quería que la causa fuera llevada a Comodoro Py. Luego aceptó a D'Alessio como arrepentido, pero Ramos Padilla no homologó el acuerdo porque consideró que no había datos relevantes para aportar al avance del caso, y, por último, el juez ya estaba listo para enviar la causa a juicio oral, aunque Curi destacó algunas objeciones como la falta de resolución del estado procesal del fiscal Stornelli y del periodista Daniel Santoro, procesados por el juzgado y cuyas apelaciones estarían cerca de resolverse en las próximas horas por la Cámara de Apelaciones.
Es por eso que, aunque Ramos Padilla ya tiene todo para elevar a juicio oral, decidió esperar la resolución de la cámara para enviar todo el caso junto. También se adeuda una resolución por el arrepentimiento o no del falso abogado.
Santoro y Stornelli fueron procesados por una presunta extorsión a empresarios mediante la logística conductora de D'Alessio, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi (ex agentes AFI).
