La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó el pasado lunes ante la Justicia la devolución de sus sociedades y hoteles. Entre ellos, pidió de manera urgente la restitución de Los Sauces SA, Hotesur SA, el hotel Los Sauces y el condominio de Máximo y Florencia Kirchner.
A través de escrito redactado por su abogado Carlos Beraldi y dirigido al juez del tribunal oral N°5, Daniel Obligado, exigió dar por finalizadas las intervenciones judiciales sobre dichas sociedades en un plazo máximo de 60 días. Obligado sería también quien permitió que el exvicepresidente Amado Boudou gozara de prisión domiciliaria al comienzo de la pandemia.
Dicha información fue revelada por La Cornisa, programa que se emite a través de la LN+. Durante el mismo, se confirmó que la maniobra no solo busca restablecer las propiedades de Fernández de Kirchner si no además demorar el inicio del juicio oral y público de la causa basada en la formación de asociación ilícita dedicada al lavado de activos de fondos del Estado.
"Venimos a solicitar se fije un plazo de finalización de las intervenciones judiciales dispuestas respecto de Los Sauces S.A., el Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner y Hotesur S.A.", expresó Beraldi a través del comunicado.
Acto seguido, indicó: "Las intervenciones que se han dispuesto en autos carecen de toda fundamentación y de manera alguna pueden ser mantenidas sine die (sin plazos o fechas determinadas). Por ello, corresponde y solicitamos que se fije un plazo de finalización de las mismas, el cual no deberá superar los sesenta (60) días".
Asimismo, el letrado de la vicepresidenta requirió a los interventores que presenten un informe final y que un equipo técnico audite el trabajo de los auxiliares de la justicia para determinar la situación patrimonial de las sociedades y el condominio.
La abogada especialista en temas de corrupción Silvina Martínez alertó sobre el peligro para la investigación si se accediera al pedido de la vicepresidenta, a la vez que realizó una presentación en la causa judicial para evitar la maniobra.
"No es la primera vez que tengo que hacer una presentación advirtiendo sobre acciones que pueden poner en riesgo el comienzo del juicio oral que hace ya bastante debería haber iniciado", reconoce Martínez en el escrito.
"De acceder al pedido de los procesados se beneficiaría a la familia Kirchner permitiéndoles recuperar la administración y usufructo de todas sus propiedades, inclusive sus hoteles, sino que, además, se perjudica a los procesos judiciales en marcha donde se investiga no solo el enriquecimiento sino también maniobras de lavado de dinero", concluye.
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