Con el caso de Marcela y Felipe se trae a la luz pública, por su altísimo impacto y voltaje político, los pormenores de la tramitación de una causa por supuesta sustitución de identidad. El gran público, deshabituado a la delicada temática que esto implica, hace conjeturas con respecto a las implicancias de los procedimientos judiciales y a los matices de las variables éticas en juego, como si se tratase de un caso innovador, cuando en realidad la justicia solamente aplica la ley vigente basada en una amplia jurisprudencia que incluye varios pronunciamientos de la Corte Suprema en la materia.
El 17 de noviembre de 2009 el Senado convirtió en ley el proyecto que, mediante una modificación del código Penal, habilita la obtención de material genético por distintos métodos alternativos a la extracción compulsiva de sangre, y a su vez crea el Banco Nacional de Datos Genéticos bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta ley vino a cubrir un amplio vacío legal en la materia, ya que la naturaleza de los hechos investigados y las implicancias de las paradojas por colisión de derechos involucrados, dejaban a los magistrados en un lugar donde la propia conciencia y juicio primaban frente a la falta de piezas legislativas concretas, contando sólo con alguna jurisprudencia y doctrina constitucional.
Es así que a lo largo de los años frente al surgimiento de distintos casos en los cuales, por una cuestión cronológica, primero se trataba de menores y luego de adultos, distintos magistrados fueron resolviendo casos, algunos con mayor fortuna que otros. De este modo se fue construyendo el edificio jurisprudencial que teniendo como hito fundamental el caso de Evelyn Vázquez, alcanza su punto culminante con el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso Prieto, en agosto de 2009. Esa sentencia sirvió como pilar fundamental para que el equipo legal de Abuelas de Plaza de Mayo terminara de darle forma al proyecto de ley cuya sanción fuera antes mencionada.
En aquel fallo los actuales integrantes del máximo tribunal de la República vuelcan su parecer con un dictamen general y con algunos dictámenes en disidencia que, si bien vuelven a rechazar la extracción compulsiva de muestras hemáticas como método de prueba válido, reafirman con incontrastable claridad la obtención compulsiva de muestras genéticas mediante la utilización de otros métodos que no afectan en forma directa al cuerpo de la persona, sino que guardan relación con la recolección de objetos íntimos de uso personal.
Por todas estas amplias razones y teniendo en cuenta en primer lugar el amplio y ganado prestigio del Tribunal Supremo (que ha dado muestras sobradísimas de independencia del poder político, poniendo límites claros y siendo garante último de la división de poderes en la sentencia sobre utilización de DNU), y la forma en la que se sancionó la ley (con números holgados dado a que una parte de la oposición acompañó, y aún quienes presentaban objeciones compartían el espíritu de la misma), es que hablar de “vejaciones” para describir la conducta de una jueza que a diferencia del magistrado que la precedió, se ajusta estrictamente a la ley, es no solamente desafortunado, sino que implica sindicar como cómplices de esas vejaciones a gran parte del Congreso y de lo más prestigioso del poder judicial.
Es en ese marco en el cual teniendo en cuenta mi posición personal de apoyo a la mencionada ley, puedo llegar a comprender a quienes disienten con la misma en el marco de una argumentación jurídica válida, de la cual ha habido muestras a lo largo de los años. Sin embargo no puedo comprender el hecho de arrojar deliberadamente al barro de la encarnizada lucha política actual entre el gobierno y el multimedio un tema tan delicado que precede de amplísima forma la mencionada disputa, máxime poniendo en la balanza el largo historial de dilaciones inexplicables y privilegios ganados a fuerza de lobby salvaje por parte de la imputada.
Desde el punto de vista más personal y teniendo en cuenta los acontecimientos que signaron mi vida, no puedo más que observar con pesar el comunicado en el que Felipe y Marcela describen su sentir, ya que puedo percibir profundas incoherencias en el mensaje. Ellos quieren mostrarse libres y deseosos de conocer la verdad, pero a su vez renuentes al proceder ajustado a derecho por poner increíblemente en tela de juicio la intachable integridad del Banco Nacional de Datos Genéticos. Todo esto ignorando por cierto las garantías y contrapruebas que rodearían al proceso si ellos se decidieran a colaborar.
En las ansias más profundas de mi corazón habita un sentimiento de hermandad muy profundo, cuyos orígenes tienen que ver con los innegables paralelismos entre este momento en particular de ellos y mi propia historia. En mi espíritu habita de forma indeclinable, no sin cierta dosis de impotencia, la necesidad profunda de hacerles comprender el sentido más elevado del intangible pero inconmensurable valor de la verdad, de ayudarlos a conocer la paz luminosa que invade el alma al caminar por la vida abrazando el infinito valor de la verdadera identidad.
