Los gremios siguen resistiendo la reforma laboral en la Justicia. El último fallo en ese sentido lo dictó el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, que resolvió una medida cautelar que suspende por seis meses la aplicación de dos artículos, el 131 y el 133, de la denominada Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Fue justamente a partir de un reclamo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio yServicios (Faecys), que comanda el inoxidable Armando Cavalieri. La medida está acotada a comercio, el gremio con más afiliados de todo el país.
El fallo dispuso la suspensión de disposiciones respecto del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y de otros acuerdos vinculados, al tiempo que ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicarlas en ese ámbito.
El artículo 131 modificaba el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. Establecía que, una vez vencido un acuerdo, sólo continuarían vigentes las cláusulas referidas a condiciones y beneficios individuales de los trabajadores, pero otras disposiciones sólo se mantendrían si existía un nuevo acuerdo. Y el 133 fijaba límites a los aportes y contribuciones establecidos en los convenios colectivos. Creaba un tope del 0,5% de las remuneraciones para contribuciones vinculadas a entidades empleadoras y un máximo del 2% para los aportes destinados a asociaciones sindicales aplicables tanto a afiliados como a no afiliados, excluyendo las cuotas sindicales voluntarias.
El secretario general de Faecys, Cavalieri, señaló: “Este fallo es un acto de justicia que defiende la dignidad de los trabajadores mercantiles y nuestra autonomía para negociar. No vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se intente asfixiar a los sindicatos y recortar derechos históricos”.
El sindicato de comercio informó que la resolución judicial asegura la continuidad de todas las cláusulas convencionales y establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas. La medida, aseguraron, es clave para evitar un escenario de desfinanciamiento que pondría en riesgo la estructura operativa de los sindicatos y la prestación de servicios esenciales. “Al frenar estos artículos, se asegura el sostenimiento de los beneficios sociales, las capacitaciones y la cobertura de salud que los trabajadores mercantiles reciben a través de sus delegaciones y de la obra social Osecac”, argumentaron.
Hace más de cuatro décadas que Cavalieri está al frente del gremio de comercio, el más numeroso de la Argentina. Mantiene una postura dialoguista con el gobierno de Javier Milei, a diferencia de los gremios más duros de la CGT. De todos modos, movilizó contra la reforma laboral y, tras presentar un amparo judicial, logró esta primera victoria parcial.
La CGT lidera la ofensiva judicial con un planteo de inconstitucionalidad que cuestiona el núcleo de la reforma: el nuevo fondo de cese laboral que reemplaza las indemnizaciones, la figura del “trabajador independiente” con colaboradores y el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo.
La central obrera sufrió un revés reciente cuando el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 rechazó suspender la ley de forma total. Sin embargo, la causa de fondo sigue activa y se encamina hacia una definición estratégica en la Corte Suprema de Justicia.
Sobre el traspaso del fuero nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, los empleados judiciales (UEJN), ya obtuvieron un fallo a favor en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30, a cargo del juez Herman Mendel.
