Más allá del bombardeo publicitario de juguetes, atracciones y programas, unos seis mil chicos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires pasarán hoy el Día del Niño en hogares de abrigo, fuera de sus lugares de origen y lejos de sus entornos familiares o de referencia.
Es que el sistema de protección de niños y adolescentes, hoy en plena etapa de ajuste a partir de las nuevas regulaciones –la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada en 2005, significa un cambio radical a la antigua Ley de Patronato, que regía desde hacía casi un siglo–, está intentando “adecuar las legislaciones nacionales y locales a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado argentino en 1990; pero lo que resulta más difícil es adecuar las instituciones, las mentalidades y las prácticas: lo hicimos en el papel, pero en los hechos aún no”, dice a PERFIL María Silvia Villaverde, jueza de familia de Lomas de Zamora.
Clave. En ese cambio de paradigma entre la vieja metodología de aplicación y las nuevas leyes parece estar el quid de la cuestión, según Villaverde. “La gran diferencia está en que la internación del niño o el adolescente en una institución de guarda era el primer camino a seguir y hoy se intenta que sea el último. El nuevo sistema se basa sobre el fortalecimiento de la familia –directa o extendida, con vínculos afectivos cercanos o comunitarios vinculados con cada chico– para que el paso del chico por el hogar de abrigo, tal como se lo denomina hoy.
Hasta la terminología cambió: se utiliza ‘amenazado’ o ‘vulnerado’ para referirse al menor, y se dejaron atrás términos como ‘riesgo’ o ‘abandono’. La razón es simple: según la convención universal, no se puede hablar de abandono o descuido cuando la familia no tiene acceso a los medios para cuidar a sus chicos”, explica.
Varios expertos coinciden en que la provincia de Buenos Aires es un ejemplo a ser tenido en cuenta. “Con una ley propia (la 13.298) en vigencia desde 2007 –a pesar de que su sanción fue previa a la ley nacional–, el sistema provincial promueve la desconcentración de las acciones de promoción, protección y restablecimiento de derechos de los menores al ámbito municipal, e incluye una activa participación de organizaciones no gubernamentales”, explica Sebastián Gastelu, director provincial de Promoción y Protección de Derechos de Niños y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires.
El sistema contempla, en total, 12.500 plazas ante situaciones que requieren tratamientos específicos, medidas de protección especial y de abrigo, repartidas en 680 instituciones, entre ONGs, entidades privadas y los 17 hogares oficiales provinciales.
Pero la cantidad de chicos que permanecen internados en hogares de abrigo sin reinsertarse en sus familias directas o extendidas, afirma, ha ido bajando. “En 2005, asistíamos a unos 12 mil menores en hogares de abrigo y convivenciales. Muchos de ellos hoy cerraron, por diferencias ideológicas con la nueva legislación o la falta de sostén económico. Lo que quedó es un núcleo duro, con el que estamos trabajando. Tenemos unas 4.700 plazas ocupadas. Pero los hogares pasaron de tener unos 120 chicos promedio a no más de 20”, detalla.
Lea la nota completa en la edición impresa del diario PERFIL.
