La Justicia citó ayer a declarar al ex gobernador Daniel Scioli en el marco de la causa que investiga presunta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación a la administración pública durante su gestión en la provincia de Buenos Aires. La citación, dispuesta para el próximo jueves 16 de marzo en La Plata, fue dictada por el fiscal Alvaro Garganta, quien precisó que la declaración de Scioli sea en carácter de “informativa”.
El ex candidato presidencial había presentado el mes pasado un extenso escrito para desvincularse de las acusaciones y urgió al fiscal a que presente las pruebas en su contra. PERFIL anticipó hace dos semanas que la fiscalía iba a convocarlo a declarar en marzo.
En un año electoral, en el entorno de Scioli quieren apurar la investigación que se inició hace casi nueve meses por una denuncia de la diputada Elisa Carrió. La estrategia es salir a desvincularse lo antes posible de la investigación, y así lo hicieron saber en el escrito de casi doscientas carillas que elevaron al fiscal. Garganta precisó en su citación que por el descargo de Scioli, “resulta necesario evacuar por parte de este Ministerio algunos puntos”. Fuentes judiciales señalaron, sin embargo, que la figura de declaración “informativa” pueda ser la antesala de un llamado a indagatoria y eventual procesamiento.
La denuncia. En mayo del año pasado, la diputada Elisa Carrió denunció al ex gobernador bonaerense y a varios de sus funcionarios más cercanos por el delito de lavado de activos y diferentes fraudes cometidos a través de distintas cajas contra la administración bonaerense. Según la denuncia, que Garganta intenta determinar, la “estructura ilícita de vaciamiento se realizó a través de diferentes reparticiones, especialmente concentradas por medio de la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires a cargo de Alberto Pérez, indicando sólo a modo enunciativo otras “cajas”, como Aguas de Buenos Aires, Lotería de la Provincia y la obra social IOMA.
El 9 de febrero pasado, la defensa de Scioli hizo una extensa presentación para explicar el funcionamiento de la administración pública de la Provincia y demostrar que no tuvo responsabilidad en ninguna de las irregularidades que investiga el fiscal. Su defensa cree que no hay elementos que lo involucren en la acusación a sus ex funcionarios, Alberto Pérez y Walter Carbone (a quien le allanaron su casa y le encontraron una caja fuerte vacía oculta dentro de una escultura de un dragón) señalados como “coautores” del delito de “peculado de caudales” e investigados por sustraer $ 10.720.347 destinados a supuestos eventos. El ex jefe de Gabinete provincial y el ex subsecretario prestaron declaración indagatoria los primeros días de noviembre, y tras negar su participación en el hecho, fueron inhibidos por 15 millones de pesos y les prohibieron salir del país sin una autorización.
Procesados. Ayer, el fiscal también procesó al ex ministro de Desarrollo Social bonaerense durante al gestión de Scioli, Eduardo Aparicio. El ex funcionario, que fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo 4 de abril, fue acusado de otorgar subsidios por más de 8 millones a 10 cooperativas supuestamente ‘truchas’ para que compren herramientas y materiales, “hechos que no se concretaron”. La maniobra ocurrió entre 2009 y 2010, mientras Aparicio tenía a cargo el programa “Soluciones Ya” e incluyó la participación de la empresa Magaro SA, a cargo de Daniel Roberts, quien facturó las supuestas ventas de herramientas. Roberts también fue procesado y citado a declarar.
