La presidenta Cristina Fernández de Kirchnerquedó imputada por el presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA, como denunció el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte. Nisman había acusado a la mandataria de ordenar un acuerdo con Irán para firmar el memorándum de entendimiento con el fin de garantizar la impunidad a los iraníes imputados por el atentado a la mutual judía y lograr negocios con el régimen de ese país.
En la causa también fueron imputados el canciller Héctor Timerman, el dirigente Luis D’Elía y el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, quienes supuestamente participaron de ese acuerdo. El empresario islámico Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el líder de Quebracho, Fernando Esteche, el ex fiscal Héctor Luis Yrimia y el supuesto agente de Inteligencia Allan Bogado también serán investigados como partícipes.
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La decisión la tomó el fiscal federal Gerardo Pollicita e implica que la Justicia ya tiene sospechas de que los denunciados por Nisman podrían haber cometido los presuntos delitos de encubrimiento y de supuestamente impedir a los investigadores del caso AMIA cumplir con sus funciones, ya que el memorándum con Irán puso nuevas pautas y reglas a las indagatorias de los iraníes. En el caso de los funcionarios, también serán investigados por presunto incumplimiento de sus deberes.
La presentación del fiscal fue ante el juzgado de Daniel Rafecas, que suspendió sus vacaciones y analizará las medidas solicitadas por Pollicita el miércoles 18, día de la marcha del silencio organizada por un grupo de fiscales. El escrito fue recibido por el juez federal Sebastián Ramos, que subroga a Rafecas por el momento. Las medidas se activarán a partir del miércoles, confirmaron a PERFIL fuentes judiciales (ver página 3).
La denuncia de Alberto Nisman se convirtió así en una causa judicial a casi un mes de su muerte, cuyas dudas continúan sin esclarecerse. Será el frente judicial más caliente para el Gobierno en su último año de mandato y sin duda la causa de mayor gravedad institucional para la Presidenta.
Pollicita basó su dictamen en la denuncia de Nisman y en las escuchas que el fiscal de la causa AMIA tenía en su poder. En un duro escrito que llevó la impronta de Nisman, el fiscal sostuvo que “el acercamiento que llevó a la suscripción del Memorando (con Irán), no ha sido motorizado por Irán, sino que fueron las autoridades argentinas las que fomentaron el acercamiento con miras a materializar la maniobra reprochada” por Nisman. La supuesta maniobra consiste en el encubrimiento del atentado a la mutual judía en 1994 a cambio de negocios con Irán, por petróleo y granos.
“Resulta claro que los iraníes sólo firmaron el Memorando de Entendimiento por haber acordado que ello sería suficiente para dar de baja las notificaciones rojas de Interpol”, dijo ayer Pollicita. El canciller Timerman ya negó que el Gobierno haya siquiera intentado hacer caer los pedidos de captura internacional que todavía pesan sobre los iraníes imputados. Mostró un mail del ex director de Interpol que lo avalaba.
Para el fiscal también hay “numerosa evidencia que demuestra un fuerte interés comercial subyacente a las probadas acciones criminales direccionadas a garantizar impunidad, y que apuntaba a restablecer relaciones comerciales al nivel de los estados”.
El Gobierno pactó el memorándum, que fue aprobado por el Congreso, pero nunca se puso en práctica porque Irán lo rechazó en su propio Parlamento al no haber caído las circulares rojas. Más tarde, la Justicia argentina lo declaró inconstitucional y la decisión fue apelada. En ese sentido, el fiscal recordó que para la Justicia, el memorándum “evidencia un acto inconstitucional por el avance sobre la esfera del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”.
Cuando fue declarado inconstitucional, la propia Justicia federal adelantó en parte la hipótesis de Nisman, agregó Pollicita. Todo “formaba parte de una puesta en escena preparada para que se asegurara la impunidad de los iraníes involucrados en el atentado de la AMIA”.
