El caso Odebrecht, que involucra en la Argentina a importantes empresarios de la obra pública, al primo del presidente Mauricio Macri y a ex funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner es un buen ejemplo del juego de las diferencias en la Justicia federal. Así quedó expuesto con la confirmación ayer, por parte de la Cámara Federal porteña, de los procesamientos por presuntos sobornos en una de las causas que involucran a la constructora brasileña, empresarios locales y ex funcionario K. El fallo mostró tratamientos diferenciales en el mismo tribunal.
La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, avanzó por primera vez contra empresarios en el capítulo argentino del Lava Jato en el que se investiga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de coimas por parte de empresarios para obtener licitaciones y beneficios, según consta en los expedientes que analiza PERFIL desde hace más de dos años.
Los camaristas confirmaron los procesamientos por cohecho activo (pago de supuestos sobornos) contra los empresarios Aldo Benito Roggio, Tito Biagini y Carlos Wagner, como había dispuesto el juez Sebastián Casanello. Son los dueños de las constructoras que se asociaron a otras dos empresas brasileñas (Odebrecht y Camargo Correa) para construir una planta potabilizadora de agua (Paraná de las Palmas, en Tigre) y una planta de tratamiento de aguas cloacales (Bicentenario, en Berazategui).
La defensa de Roggio apelará la decisión judicial, niega haber pagado sobornos y considera que no habría pruebas para acusarlo, de acuerdo con voceros del empresario (ver aparte qué pasará con sus empresas). Biagini y Wagner también negaron cualquier participación en supuestos pagos ilegales admitidos por ejecutivos de Odebrecht, y sus defensas evalúan los pasos a seguir. La Justicia tiene pendiente indagar a los empresarios y ejecutivos brasileños.
Hace menos de diez días, el mismo tribunal, pero en la Sala II, decretó la nulidad de todo lo actuado en otro expediente del caso Odebrecht: el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi había procesado por supuestas dádivas a los ex funcionarios kirchneristas y a dos ejecutivos, y dictó además las faltas de mérito de los empresarios (incluido Angelo Calcaterra, primo de Macri).
La Cámara Federal debía revisar esta decisión del magistrado, ya que el fiscal del caso, Franco Picardi, solicitó que se los procesara a todos por los mismos delitos confirmados el viernes en el capítulo Aysa: sobornos. Sin embargo, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia fueron por una decisión intermedia y anularon los procesamientos por dádivas y las faltas de mérito de los empresarios y ordenaron al juez seguir investigando en la misma línea del fiscal.
Lo que se esperaba desde la fiscalía era que los camaristas ordenaran los procesamientos por sobornos pero ahora, los involucrados, ganaron tiempo.
Símil. Hay una lista de similitudes entre los casos. Sin embargo, los resultados en la Cámara fueron muy diferentes. En Brasil, los ex ejecutivos de Odebrecht que admitieron haber ordenado el pago de sobornos en la Argentina confesaron los pagos irregulares en ambas obras, que figuran en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Esta área de la empresa brasileña fue bautizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como “el departamento de sobornos” de la firma, dedicado a gestionar los pagos ilegales en Brasil y alrededor del mundo.
En ambos expedientes los fiscales y uno de los jueces (Casanello) dan por probada la misma supuesta maniobra de sobornos con los mismos actores, bancos y circuitos de dinero. Hasta se repite el supuesto intermediario entre las empresas y los ex funcionarios: Jorge “Corcho” Rodríguez. El empresario niega las acusaciones. Los imputados del sector público también son los mismos, con De Vido y José López a la cabeza.
Una de las diferencias que marcó ayer la Cámara es que la Sala I admitió como prueba los documentos aportados por investigaciones como las de La Nación y PERFIL. En el caso del soterramiento, el juzgado y los camaristas no los consideraron suficientes para avanzar en un procesamiento. Se trata de los mismos exactos documentos y testimonios.
La Justicia ratifica la prohibición a Roggio para que pueda donar acciones a sus hijos
La Cámara Federal porteña se negó a autorizar al empresario Aldo Roggio a ceder sus acciones en las empresas Roggio SA, Clisa SA y Doya SA a sus tres hijos como donación y anticipo de herencia.
Estas tres compañías son, a su vez, accionistas de la constructora Benito Roggio e Hijos SA, investigada por el supuesto direccionamiento de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas.
“La petición formulada se dirige a preservar el patrimonio empresarial en virtud de la imposibilidad que a la actualidad registraría Benito Roggio e Hijos SA para presentar ofertas, resultar adjudicataria y contratar obras públicas”, planteó la defensa.
Roggio también está procesado por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública y declaró como arrepentido en ese caso, pero no en el caso Odebrecht.
El empresario había pedido autorización al juez Sebastián Casanello para traspasar sus acciones a sus hijos pero entonces el magistrado no hizo lugar a su petición. Luego apeló la negativa a la Cámara Federal.
Este viernes, además de confirmar su procesamiento por supuesto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas, el tribunal volvió a negarle a Roggio la posibilidad de transferir las acciones en favor de sus hijos Rodolfo, Lucía Inés y Martín Benito.
Voceros de Roggio dijeron a PERFIL que los abogados del empresario apelarán la decisión del tribunal y pedirán a la Cámara de Casación que revise la decisión, tanto aquella referida a su procesamiento por presunto cohecho activo como la prohibición de vender las acciones de la compañía. También aseguraron que consideran que “no hay pruebas” contra Roggio en el expediente.
