El caso Correo Argentino entró en una etapa clave para el futuro de la investigación. La Cámara Comercial debe decidir, en los próximos días, si habilita a los apoderados de la familia Macri a recurrir ante la Corte Suprema y solicitar al tribunal que frene la investigación sobre el presunto vaciamiento de la compañía concursada que lleva adelante la fiscal general Gabriela Boquin. Mientras tanto, en el fuero penal desplazaron al fiscal que iba en la misma línea que la fiscal comercial.
Las camaristas María Díaz Cordero y Matilde Ballerini deben decidir si aceptan el pedido de Correo de ir a la Corte para neutralizar la investigación de la fiscal. De lograrlo, la empresa de la familia presidencial lograría dilatar la investigación por presunto vaciamiento de fondos en el fuero comercial. El viernes último, tuvieron otra buena noticia en ese sentido: el procurador interino Eduardo Casal desplazó al fiscal de la parte penal del caso Correo. Juan Pedro Zoni había pedido en junio que también se investigara en sede penal el supuesto vaciamiento de Correo por parte del Grupo Macri, tras la acusación de la fiscal Boquin en el fuero comercial, donde se lleva adelante el concurso de acreedores, y en el que detectó cómo los administradores de Correo sacaban fondos –con aval judicial– de la empresa para pagar, por ejemplo, alquileres de oficinas y cocheras a otras empresas de los Macri, como Socma y Sideco Americana.
Zoni se encontraba analizando los libros contables de Socma y Sideco Americana para determinar si las empresas desviaron fondos de Correo a otras compañías del holding en pleno concurso de acreedores. A partir del 16 de abril deberá dejar la fiscalía. En ambos casos, el penal y el comercial, también está en juego la condonación de una millonaria deuda por parte del Estado y a favor de la empresa de los Macri.
El frente penal parece neutralizado, por ahora. La línea de investigación de la fiscal Boquin, en cambio, fue ratificada por la Cámara Comercial el año pasado. Por eso, Correo volvió a insistir para que el tribunal lo habilite a llegar a la Corte. La semana pasada, Boquin presentó sus argumentos para solicitar a la Cámara Comercial que no habilite abrir una pelea en la Corte Suprema.
Correo sostiene que “la fiscal de Cámara no es parte de este proceso, por lo que no tiene derecho a ofrecer prueba ni a solicitar informes” y que “ha confundido su funcionalidad con la de los fiscales penales”. Además, se quejó del “protagonismo que excede a todas luces sus facultades, entorpeciendo el procedimiento, con peticiones carentes de todo asidero fáctico y jurídico” y porque la fiscal “requirió de oficio” –es decir motu proprio– pruebas sobre el presunto vaciamiento de la empresa concursada. Correo también dijo a la Justicia que la ley concursal no otorgaría a la fiscalía “función ni atribución alguna que la habilite a actuar en la forma en que lo hace”.
La semana pasada, Boquin contestó los argumentos de la empresa y sostuvo que la Ley del Ministerio Público prevé que los fiscales “no penales” pueden “producir, ofrecer y solicitar la incorporación de prueba, peticionar el dictado de medidas cautelares”, entre otras funciones, “en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”. La ley también habilita a los “fiscales no penales” a “realizar investigaciones en los casos en los que intervengan a fin de esclarecer si hay afectaciones a la legalidad”.
Ante el argumento de que esta investigación sobre un posible vaciamiento estaría dilatando la resolución de fondo –cuánto debe pagar finalmente Correo al Estado–, la fiscal también les recordó a los abogados de Correo que “un proceso de concurso preventivo no debería durar más de dos años y este lleva casi 17 años” debido a “dilaciones concedidas” por el juez del caso, anterior a la llegada de Boquin.
