En plena transición política, el caso Correo Argentino SA volvió a empantanarse. El Ejecutivo se presentó ante la Justicia y dijo que no puede aceptar o rechazar la última propuesta de la compañía de la familia Macri para pagar sus deudas con el Estado. Así consta en un escrito presentado por la Procuración del Tesoro ante la Cámara Comercial.
En la práctica, el Ejecutivo no aceptó la propuesta de la empresa, de julio de 2018, que es lo que Correo necesita para cerrar el caso antes de que asuma el próximo gobierno el 10 de diciembre.
“La nueva propuesta de la empresa no fue aceptada ni rechazada”, explicó una fuente oficial. “Se vencieron los plazos establecidos por la Justicia y fue imposible contar con todos los elementos necesarios” para analizar la oferta de la empresa y cumplir con el “circuito administrativo”.
En agosto pasado, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, había solicitado en nombre del Ejecutivo nacional una tregua de 120 días para seguir analizando la propuesta de Correo. El pedido llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En septiembre, el máximo tribunal no solo le negó la prórroga sino que además llamó la atención a las camaristas del caso por las dilaciones en la búsqueda de una solución.
La fiscal general Gabriela Boquin manifestó en varias oportunidades “la necesidad” de que la Justicia tome una decisión en favor de los intereses del Estado y del resto de los acreedores.
Vuelven a reclamar a la Justicia que apure la resolución en la causa Correo
¿Y ahora? PERFIL pudo confirmar en las últimas semanas que algunos de los funcionarios de Macri que intervienen en este caso, y que deben representar los intereses del Estado, consideran que la mejor opción es el salvataje de la empresa, un proceso también conocido como cramdown, que debe ordenar la Justicia. Esto implicaría que las deudas de la empresa de los Macri puedan ser solventadas por “terceros” interesados en quedarse con las acciones de la compañía.
Correo es una empresa sin actividad pero con un objeto comercial preciado: la logística, “servicio de correo postal”, “mensajería”, “transporte”. Consta en los registros oficiales.
El abogado de Correo, Jaime Kleidermacher, respondió a PERFIL: “Esperemos que no haya que llegar a ese procedimiento, pero siempre existe la posibilidad”. Igualmente, como primer paso ante el rechazo del Ejecutivo a su última propuesta, el letrado dijo que Correo evaluará si puede pedir al Ejecutivo una nueva definición a su última oferta.
Con un concurso de acreedores que lleva 18 años, el salvataje es un escenario difícil de alcanzar, de acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por este diario.
En primer lugar, para conseguir el salvataje se necesita que todos los acreedores de Correo (alrededor de 470) den su conformidad al procedimiento. Eso implicaría conseguir la autorización por escrito de los 470. Muchos de esos acreedores vendieron sus poderes a estudios de abogados que defienden a Correo, como reveló PERFIL. Eso, de acuerdo con la fiscalía, podría poner a los responsables de la empresa en la lupa por presunto fraude al resto de sus acreedores. El salvataje podría tener entonces implicancias penales.
Sin embargo, las juezas de la Sala B no lo descartan, confirmaron a PERFIL en el tribunal. El salvataje había sido ordenada en 2005 pero la jueza Marta Cirulli nunca ejecutó el cramdown.
Antecedentes. Cuando comenzó el conflicto, en 2001, la deuda original de Correo era por 300 millones pesos/dólares. Sin embargo, el cálculo del Ministerio Público Fiscal estableció que, en 2017, ya superaba los $ 4 mil millones. El abogado de Correo viene sosteniendo ante las consultas de este medio que la compañía quiere llegar a un acuerdo lo antes posible.
Otra opción que está en estudio es que la Justicia decrete la quiebra de la compañía. Sería la opción más beneficiosa para el Estado pero el peor escenario para la familia Macri, según una fuente de la Justicia comercial.
La situación a la que llegó la deuda de la empresa y la relación estrecha con otras compañías del grupo de la familia del Presidente podría arriesgar mucho más. La quiebra podría extenderse a Sideco y Socma (alfiles del holding de los Macri).
