El sobreprecio en la compra de alimentos fue mucho más que un error para el gobierno de Alberto Fernández. Una gestión que, al asumir, tomó como bandera la lucha contra el hambre, lució ineficiente (por impericia o corrupción) donde más eficiente debiera ser. El despido de Gonzalo Calvo y 14 funcionarios del ministerio de Desarrollo Social desnudó un loteo de cargos en la administración pública entre los integrantes de la coalición de Gobierno, la compra con sobreprecios a intermediarios, y una disputa por ver quién “hace política” repartiendo alimentos. La mala praxis puede ser una oportunidad para rectificar y poner al tope de la agenda un desafío titánico que tiene el Estado en tiempos de pandemia: evitar que más argentinos sufran subalimentación e inseguridad alimentaria y, al mismo tiempo, convertir eso en una bandera de su política exterior, en un momento en el que muchos países “rapiñan” insumos médicos y sanitarios.
El coronavirus pone en riesgo tanto la salud de las personas, como su subsistencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que “nos exponemos a una crisis alimentaria inminente”. El peligro es que estalle en el mundo “una crisis dentro de otra crisis”, es decir, que a partir de abril y mayo haya interrupciones en las cadenas globales de suministro de alimentos. “Los cierres de fronteras, las cuarentenas y las interrupciones de los mercados, la cadena de suministro y el comercio podrían limitar el acceso de las personas a fuentes de alimentos suficientes, diversas y nutritivas, en especial en los países afectados duramente por el virus o que ya sufrían niveles elevados de inseguridad alimentaria”, consideró la organización internacional, citando como antecedente el brote de Ébola en Africa en 2014.
Sobreprecios: investigan si el PAMI pagó 137% más por compra de alcohol en gel
La inseguridad alimentaria puede ser grave o moderada. La primera es la más extrema; en su término coloquial es llamada hambre. La moderada incluye a personas que no saben si accederán a alimentos de calidad o en cantidad suficientes. Las personas comprendidas en ambas categorías tienen más riesgo de padecer formas de malnutrición y de contraer enfermedades por su impacto en el sistema inmunológico. En Argentina la inseguridad alimentaria grave subió del 5,8% de la población entre 2014 y 2016 al 11,3% entre 2016 y 2018; mientras que la moderada trepó del 19,1 al 32,1% en ese mismo período, según el último informe publicado por la FAO. Juntando las dos categorías se trata de 19 millones de personas. En el mundo, hay 820 millones de personas que padecen hambre crónica. De ellas, 113 millones se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda y son los más vulnerables ante el coronavirus.
Para evitar un aumento del hambre en la Argentina el Gobierno tiene que apuntalar la oferta y, al mismo tiempo, la demanda de alimentos. Garantizar que no se interrumpa la cadena de suministro, facilitar la circulación y producción de los trabajadores de todos los sectores que integran esa cadena (fundamentalmente de los trabajadores golondrina), asistir con capital e insumos a los pequeños productores (semillas, fertilizantes), proteger su salud sin interrumpir la producción (nuevas medidas de higiene y profilaxis), facilitar la logística y distribución, impulsar más programas de protección social para sectores vulnerables y mantener los comedores escolares abiertos. El desafío es que los precios no escalen demasiado ni tampoco se desplomen, para evitar que se resienta la oferta y haya desabastecimiento.
Cómo sería el nuevo período de cuarentena "flexible", hasta finales de abril
Como sostiene la FAO, no se trata ya de un problema regional, sino de uno mundial que requiere una respuesta global. Así lo transmitió el director general de la organización, Qu Dongyu, a Alberto Fernández y los líderes del G20. Argentina, como uno de los mayores productores de alimentos del globo, debería hacer de la seguridad alimentaria no sólo un horizonte doméstico sino también una bandera de su política exterior. Velar por la estabilidad de los precios internacionales de alimentos, en un contexto de contracción del comercio mundial, alta volatilidad económica y financiera, es una tarea extremadamente difícil pero fundamental para proteger la economía argentina, fuertemente dependiente de las divisas que genera el sector primario.
Una de cada cinco calorías que se consumen diariamente cruzó, al menos, una frontera internacional. El Gobierno podría ponerse al frente de una iniciativa en América del Sur para eliminar restricciones al comercio de alimentos, ya sean arancelarias, fitosanitarias o de cualquier otro tipo. Y, más allá de las simpatías o animadversiones ideológicas, garantizar la provisión a Venezuela para evitar una nueva hambruna que genere más presión sobre sus vecinos. La situación alimentaria en ese país ya era dramática antes de la pandemia. La subalimentación afectaba a 6,8 millones de venezolanos. Si esa cifra aumentara exponencialmente, sería una chispa en un reguero de pólvora en la región. Las fronteras porosas no evitarían que millones de venezolanos continuasen huyendo de su país, con los riesgos que eso implica en un contexto de pandemia global.
A 100 días del primer caso en China, el mundo se acerca al millón y medio de contagios
“A medida que aumente el número de infecciones en los países vulnerables -entre las poblaciones ya malnutridas, débiles y vulnerables a la enfermedad- la crisis sanitaria se vería agravada por otra alimentaria. Y eso crearía un círculo vicioso que dejará a un mayor número de personas más débiles ante el virus”, afirmó Dominique Burgeon, director de la División Emergencias y Resiliencia de la FAO.
Implementar una política pública para combatir la subalimentación y la inseguridad alimentaria es mucho más que comprar alimentos. Es clave que el Estado y los privados diseñen apps que vinculen a productores y consumidores, que servirían para que no se desperdicien bienes perecederos como frutas, hortalizas y pescados, y, al mismo tiempo, como fuente de información para tomar decisiones. Wuhan, epicentro del coronavirus en China, reactivó durante la cuarentena la “cesta de hortalizas”, una iniciativa que facilitó el acceso de residentes urbanos a productos frescos y nutritivos de granjas de los alrededores.
Para garantizar la producción y abastecimiento de alimentos, es necesario que el Estado sea eficiente, transparente y corrija las fallas del mercado, sin agregarle nuevas distorsiones. Para adaptarnos a los tiempos del coronavirus, no es necesario que ambos vayan de la mano. Basta, simplemente, que trabajen codo a codo para evitar una crisis alimentaria aguda.
