El empresario Cristóbal López encontró al parecer la figura legal para salir del ahogo financiero y judicial que tiene contra las cuerdas el futuro de su grupo empresario y su destino personal.
Según confiaron fuentes de Indalo a PERFIL, López decidió formar un fideicomiso que, en los hechos, cederá en parte el control accionario de todas sus empresas a dos gerentes que fueron acercados de la mano de un hombre de negocios cercano a Mauricio Macri.
Aunque todavía falta información sobre los términos del fideicomiso, esta figura legal se creará con todas las acciones de las diferentes empresas de Indalo, que van desde el rubro de la construcción hasta el de los medios de comunicación.
La pata que más inquietaba hasta ahora a la Casa Rosada era esta última. El grupo de medios de López tiene una línea editorial muy dura con el oficialismo y no le daba tregua hasta que, hace una semana, despidió al periodista Roberto Navarro.
El año pasado, López se había desprendido de su participación en el juego (la operación no fue autorizada aún por defensa de la competencia). Y la figura legal del fideicomiso sería una señal en dos sentidos: una garantía de que pagará su deuda con la AFIP (aunque los especialistas dicen que la deuda es impagable), y de que permitirá que la Casa Rosada tenga control sobre lo que pasa en la pata mediática del grupo.
El problema de López es que todo esto debe ser autorizado por el juez federal Julián Ercolini, quien le dictó una inhibición general de bienes y le puso dos veedores judiciales como consecuencia de la investigación penal por la retención del impuesto al combustible.
Un fideicomiso es una suerte de contrato por el cual determinado bien se deposita en un administrador con un objetivo determinado. En este caso, las acciones de todas las empresas de Indalo se pondrán en manos de tres administradores, uno de ellos será la mano derecha de López, Fabián de Sousa, pero los otros dos serían gerentes de empresas amigas de un intermediario del Gobierno.
Los administradores serán los que tendrán en sus manos el poder de resolver qué rumbo toma cada empresa e inclusive si alguna de ellas se vende, siempre con autorización judicial. Por caso, si los administradores resuelven que alguno de los medios de comunicación da pérdidas y conspira con los objetivos del fideicomiso (que en este caso sería resolver la deuda con la AFIP) se pondrá en venta. La idea que circula es que en el fondo el objetivo final de este acuerdo es que López resuelva su situación financiera y judicial, pero a cambio entregue de manera elegante los medios, al menos el canal y Radio 10.
La construcción del imperio mediático de López va de la mano con la causa judicial que tiene ahora. El empresario compró, en un contexto muy sospechoso, todos los medios que en ese entonces tenía Daniel Hadad, y los puso al servicio de una línea editorial afín al kirchnerismo. El problema es que al parecer, según la justicia, esa operación fue posible con fondos que López retuvo, a través de sus estaciones de servicio, del impuesto al combustible, con la complicidad de funcionarios de la AFIP. Pero aún falta información y el acuerdo final, que depende del aval de un juez, podría conocerse en unos días.
