—¿Los tiempos de la Justicia tienen que ver sólo con los tires y aflojes entre los jueces y el gobierno de turno?
—Para mí, hay dos dimensiones. Una dimensión es cultural, que tiene que ver con la forma en que se hace justicia en la Argentina y que, claramente, prioriza lo que tiene que ver con la confección formal del expediente y el cuidado de las formas por sobre hacer justicia. La otra dimensión sí tiene que ver con lo que vos llamás un tire y afloje de los tiempos políticos, y para mí está vinculado a que el Estado no ha logrado construir una institucionalidad autónoma de la lucha de facciones partidarias.
—El fuero federal investiga desde políticos hasta transas de la villa. ¿Los tiempos son diferentes para unos y otros?
—Eso se responde yendo a una cárcel. Cuando el delito es de “cuello blanco”, la justicia llega mucho más lentamente. Cuando el delito tiene que ver con la exclusión social, la justicia llega más rápido.
—En el caso López, la fiscalía pidió que también procesen a empresarios...
—El caso López sincera. Se piensa la corrupción exclusivamente respecto del funcionario y se cree que tiene que ver con la escala de valores y la ética del funcionario. Pero es mucho más profundo. Para enriquecerse, un secretario de Obras Públicas tiene que haber tenido complicidad de empresarios. Básicamente, el caso sincera que la corrupción es mucho más que un funcionario honesto o deshonesto. Es una trama de empresarios, de instituciones, como la Iglesia. Es un entramado social. Muchos ingresan a la arena pública sabiendo que si son impunes van a tener inmunidad porque pertenecen a una especie de casta.
—¿La ley del arrepentido es necesaria para avanzar en casos de corrupción?
—Que el Estado, que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, que puede hacer de todo siempre y cuando respete la legalidad, tenga que valerse de delatores para investigar la corrupción me parece la confesión casi del fracaso del Estado nación. El Estado, que todo lo podía, está volviendo a la Edad Media, a la época de los delatores, de las confesiones. Es el Estado que comercia con los delincuentes para obtener información a cambio de impunidad.
—En Panamá Papers, Brasil dijo que enviará documentos, pero se niega a dar información bancaria por el momento. ¿Qué tan necesaria es esa información para la causa?
—Todo lo que manden va a ayudar. Es un caso muy complejo. Primero tenemos que reconstruir el mapa societario (detrás de la firma offshore), luego tenemos que probar si se cometió un delito, y después encontrar pruebas de si Macri participó en ese delito. La dinámica de los exhortos implica que el juez no puede pedir la información que necesita a otro país sino que depende de la mediación de la Cancillería. La ayuda entre los Estados en una causa es una cuestión de “ganas de colaborar” y de la pericia del que investiga para convencer al otro país de que debe aportarle información. La paradoja es que, si tuviéramos la información que otros Estados nos piden para acceder a colaborar, no necesitaríamos enviar un exhorto.
—¿Creés que la Justicia aprendió algo sobre los límites de la relación con el Ejecutivo tras la era K?
—El indicador son los juicios orales. Hay que ver si en los próximos meses empieza a haber juicios. Los tribunales orales, que permanecen en la opacidad, tardan mucho en fijar audiencias y por eso las causas tardan muchos años en llegar a un tribunal oral. Los casos del megacanje y los sobornos del Senado son dos ejemplos claros.
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