Cuando paga el Gobierno nacional

Una matriz parece imperar en casos que levantan sospechas en varias provincias. El Estado Nacional aprueba fondos para la realización de una obra pública en algún distrito. Ello queda fuera de los balances provinciales y, en consecuencia, tiempos y montos de las licitaciones o adjudicaciones son administradas desde despachos porteños, ya sea por vía directa o indirecta.

“Esto viene de la Nación”, argumentan fuentes oficiales y privadas a la hora de entrar en detalles sobre algunos presupuestos. Esta frase explica, según los críticos, que las obras tienen adjunto qué empresa será la ejecutora o, para las voces más complacientes con el ministro Julio De Vido, que la complejidad técnica y económica del proyecto obliga a que intervenga Planificación.

En algunos casos, se sostiene que la celeridad de contar con los recursos nacionales que promete la Nación impide llevar a cabo un proceso licitatorio convencional.

En cuanto a la obra jujeña, también se escucha aquello de la “generosidad” de la Nación. La Dirección Nacional de Vialidad firmó un convenio con su par jujeña para la “Readecuación del acceso sur a San Salvador de Jujuy por la ruta provincial Nº 1”. Aunque el proceso licitatorio fue manejado por la administración de Eduardo Fellner, ni siquiera los denunciantes ponen el foco en el gobierno provincial, al menos como actor principal.

La envergadura de la obra deja afuera a las empresas locales, aunque no como subcontratistas. En casos como éste queda limitado el “compre provincial” que rige en muchos distritos, lo que no siempre es una buena noticia para los ciudadanos.

Este aparente beneficio para empresarios y mano de obra locales, en rigor, es un mecanismo que abre el juego en muchas administraciones para un manejo de la obra pública con emprendedores reiterados. ¿Cuántas empresas locales pueden construir escuelas, rutas, puentes y viaductos en provincias como Corrientes, Chaco, Santiago del Estero o Misiones? Bien, allí rige el “compre provincial”.