Varios ex presidentes de Latinoamérica y dirigentes del kirchnerismo firmaron una solicitada en la que reclamaron la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone y exigieron el fin del “Lawfare” o guerra judicial.
El texto eleva la tensión interna en el oficialismo porque sostiene -a diferencia de lo que dice Alberto Fernández- que hay “presas y presos políticos” aún bajo el gobierno del Frente de Todos. "La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”, se puede leer en el documento.
Está firmado, entre otros, por los ex presidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Lula Da Silva; de Bolivia, Evo Morales; y de Ecuador, Rafael Correa. También fue rubricada por el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni; la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el ex ministro de Planificación, Julio de Vido; y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
La situación judicial de varios ex funcionarios del kirchnerismo, incluyendo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, es motivo de discordia en el Frente de Todos. Zaffaroni, muy cercano a varios de ellos, opinó hace una semana que el indulto es la única herramienta legal existente para terminar con los presos políticos en Argentina.
El presidente, Alberto Fernández, contestó de inmediato que el indulto es una “rémora de la monarquía” y aclaró que no apelará a eso. Pero el juez de la Corte retrucó: “Rémora de la monarquía también es el sistema hiperpresidencialista si es por eso”.
El pedido por Boudou
La solicitada, publicada en varios medios, explica que si bien el origen de la guerra jurídica se remonta al macrismo, está vigente: “Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente”.
En el caso de Boudou, cuya condena fue confirmada por la Corte y deberá volver a prisión, el kirchnerismo atribuye su encarcelamiento a una venganza por la estatización de las AFJP.
“La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras”, sostiene el texto.
Fernández también sostiene la teoría del Lawfare, pero dice que en Argentina no hay presos políticos. “Lo que sí hubo fueron detenciones arbitrarias”, repitió más de una vez. Para Fernández : "En Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo. Mucha de esa gente lleva años de encierro innecesariamente porque la ley procesal les permitiría soportar esos juicios en libertad".
MC
