La mesa chica de la Presidenta que comanda el influyente Carlos Zannini en la Casa Rosada tiene varias obsesiones a 56 días de las elecciones legislativas. Una de ellas es cómo amortiguar el impacto de la publicación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios -algunos investigados por enriquecimiento ilícito- en el humor de los votantes cuando la corrupción es ya una de sus principales preocupaciones.
Por eso, Cristina se encuentra ante el dilema de cuándo ordenar a sus funcionarios que presenten el nuevo formulario de la AFIP -que oculta el detalle de bienes, familiares y sociedades- a sus respectivas oficinas de Recursos Humanos, áreas que luego deben remitirlas en un plazo máximo de 30 días a la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia de Julio Alak.
Justamente Alak tiene la 'llave' legal de las declaraciones juradas: su firma en una resolución que defina cómo será el formulario fiscal activaría este proceso en la OA, según informaron fuentes del ministerio a Perfil.com. Así obligaría a los funcionarios a sentarse con sus contadores para hacer números sobre su patrimonio. Por la nueva ley que ideó la Jefa de Estado, las presentaciones se publicarán en Internet.
El problema es el efecto: si las presentaciones se acercan al 27 de octubre, el Gobierno teme una fuga de más votos por los sospechosos incrementos de las riquezas de ministros y funcionarios de primera línea en los últimos años. El 19 de julio vencía el plazo inicial, pero automáticamente se prorrogó al 19 de agosto (como ocurre desde 2010) y como la nueva reglamentación no está aprobada, ya no existen plazos.
Los únicos que tienen plazo son los candidatos a diputados y senadores nacionales en las elecciones: deben enviar la declaración jurada a la Justicia electoral algunas semanas antes de los comicios, según confiaron fuentes de la OA a Perfil.com.
La riqueza K. Las declaraciones más esperadas son las de Cristina Fernández de Kirchner, como cada año, pero sobretodo las del vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Salud Juan Manzur y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, todos investigados por enriquecimiento ilícito.
El caso de 'Aimé' es más grave: la Rosada puso a los operadores K en los tribunales de Comodoro Py para que al juez Ariel Lijo no lo llame a indagatoria a Boudou antes de las elecciones por el caso de la exCiccone.
El 8 de julio, Perfil.com anticipó que el Gobierno apostaba a postergar las declaraciones de bienes para después de las PASO con todo lo que implicaba la reglamentación de la nueva ley. Ahora, al no haber ninguna norma que estipule plazos, las declaraciones de bienes podrían hacerse públicas por internet -lo que estipula la nueva ley- recién en noviembre, después de las legislativas.
"Estamos esperando la resolución de Alak, no creemos que esto siga demorándose hasta después de octubre", estimaron desde la OA a este medio. En 2012, Presidencia entregó la declaración de Cristina a la OA el 6 de agosto y el año anterior el 23 de agosto, siempre con prórrogas solicitadas y al filo del plazo, pese a las críticas de la oposición. Este año, ya entrado septiembre, no se conoce el patrimonio de ningún funcionario K.
El tironeo. "Falta la reglamentación especifica de cómo va a ser el formulario de AFIP y según rumores, hay un tironeo entre la OA, que es más blanda, y la AFIP, que es Echegaray, con un perfil político mucho más alto", señaló a Perfil.com el diputado radical Manuel Garrido, quien había denunciado a los Kirchner por enriquecimiento en 2009 desde la Fiscalía de Administraciones.
Garrido, querellante de Boudou por su crecimiento patrimonial, opinó también que esta demora "muestra las carencias técnicas de la reforma legal de este punto. El objetivo central era disminuir la publicidad de los bienes de Cristina y su entorno. Lo hicieron sin saber como implementarlo. No pensaron en el costo político que las consecuencias que limitaba la publicidad. ¿Si lo van a demorar hasta después de octubre? Puede pasar cualquier cosa", agregó Garrido.
(*) De la redacción de Perfil.com.
