El 28 de agosto, el Ministerio Público Federal de Brasil, que engloba a los fiscales de ese país, envió un documento confidencial a la Cancillería argentina, dirigido a esa cartera y a los fiscales argentinos. Ofrecía de manera espontánea un nuevo intento para aportar pruebas del pago de coimas de Odebrecht a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014. El documento, al que accedió PERFIL, estuvo tres meses en manos del Poder Ejecutivo, un lapso que despierta sospechas de dilación.
Días antes de dejar el cargo, el jefe de los fiscales de Brasil, Rodrigo Janot, abrió una nueva puerta para intentar cerrar el caso Oderebcht en Argentina, uno de los pocos países en los que la constructora no logró el acuerdo que busca para entregar pruebas del pago de sobornos por US$ 35 millones y seguir operando en el país. En el documento, el equipo de Janot ofrece entregar dos testimonios clave: los de los ejecutivos Marcio Faria y Luiz Antonio Mameri.
El primero fue uno de los jefes de Odebrecht en Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner y tiene información clave sobre el caso de los gasoductos. El segundo era el ex vicepresidente de la compañía para América latina. Ambos pueden aportar los nombres de los funcionarios sobornados y de los empresarios argentinos que fueron socios de la brasileña.
La Unidad de Cooperación Internacional de Janot se encargó inlcuso de enviar una copia del documento traducido al castellano junto con la versión original en portugués, para simplificar el trámite. La Cancillería de Brasil se tomó unas tres semanas para despacharlo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Relaciones Internacionales argentino. El documento llegó al país recién el 19 de septiembre. Luego, comenzó el periplo por el Ejecutivo local.
El Ministerio de Justicia recibió el documento a fines de octubre, confirmaron fuentes de la cartera que dirige Germán Garavano. Más de un mes después del ingreso en Cancillería.
La entrega de la información volvió a extenderse por más de un mes y medio. El Ministerio respondió el 17 de noviembre a Cancillería. Debían informar a qué fiscales o jueces dirigir la información (un trámite sencillo). Pero las autoridades tardaron más de dos semanas en presentarlo a la Justicia.
Recién el 7 de diciembre, Cancillería presentó en los tribunales federales el documento enviado por Brasil, que ahora está en los juzgados de Sebastián Casanello, Marcelo Martínez De Giorgi, Sebastián Ramos y Daniel Rafecas.
En el medio, Alejandra Gils Carbó renunció a su cargo. Además, uno de los jueces pidió acumular todas las investigaciones judiciales del caso, tras un pedido del Poder Ejecutivo. Fuentes oficiales confirmaron a PERFIL que la demora se debió a que el Gobierno quería esperar a que la Cámara Federal definiera si Martínez De Giorgi lograba quedarse con todos los expedientes del caso, que involucra a empresarios como Aldo Roggio y Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
El acuerdo vino dirigido a los fiscales argentinos y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero fue aportado a los jueces de los casos del Lava Jato local por entender que son la autoridad de los expedientes.
Brasil podría haber enviado el ofrecimiento de prueba directamente a los fiscales, a tráves de la Procuración General de la Nación, que en esa fecha estaba aún a cargo de Gils Carbó. Sin embargo, optó por obviar el diálogo directo con el Ministerio Público Fiscal.
Cancillería dijo a este medio que “como el ofrecimiento estaba sujeto a que Argentina aceptara un Acuerdo de Compromiso y pedía que el Acuerdo fuera firmado no sólo por la autoridad judicial argentina competente sino también por la Autoridad Central argentina (el área a cargo de los exhortos de Cancillería), se tuvieron que realizar consultas con el Ministerio de Justicia”.
