La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que las fuerzas de seguridad del Estado argentino son responsable de la muerte de 635 personas en los últimos 42 meses, lo que hace un promedio de un muerto cada día y medio desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003.
“Un porcentaje que ningún gobierno anterior tuvo”, señalaron desde el organismo de derechos humanos que presentó ayer su informe anual, aunque aclararon que “es imposible calcular la ‘cifra negra’ del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías”.
La Correpi es uno de los pocos organismos de derechos humanos que no mantiene buena relación con el gobierno nacional.
Ayer por la tarde, acompañados por distintos movimientos sociales, “escracharon” la Secretaría de Derechos Humanos, a la que consideran “símbolo de la política de este gobierno que se esfuerza en aparecer como el defensor de los derechos humanos al que "la derecha" acosa, mientras nos reprime, tortura y mata”.
Luego se concentraron en la Plaza de Mayo, para presentar el informe y seguir lanzando sus duras acusaciones contra la política oficial.
“Hay más de 2000 pibes asesinados en democracia y más de 600 durante el gobierno de Kirchner”, reseñaron.
“ ¿Este es el gobierno de los derechos humanos? Gatillo fácil y torturas, persecución y presos políticos, ciudades militarizadas y leyes represoras . Basta de mentir con los resabios de la dictadura. La derecha sigue en la Rosada. Contra la represión, organización y lucha”, se podía leer en el afiche que convocaba.
“Los números no mienten. En todo caso, mienten los que los ocultan o desdibujan. Este gobierno nos sigue matando un pibe día por medio con el gatillo fácil o la tortura. Eso no es una "opinión", es un dato de la realidad al que se puede dar el valor que tiene, o que se puede esconder debajo de la alfombra para defender a los asesinos. Igual que se puede mentir ocultando que el que mata con el gatillo fácil y la tortura es el Estado. El mismo estado que militariza ciudades enteras (lejos de las cámaras de TV), que hostiga y reprime militantes, y que es responsable por la desaparición de Julio López”, señaló la Correpi en su Boletín Informativo Nº 405.
El informe indica que entre el 10 de diciembre del año pasado y el 9 del mismo mes del corriente año, un total de 174 personas perdieron la vida en manos de las fuerzas de seguridad, indicó el informe. El 67,78 por ciento tenía entre 15 y 25 años y el 18,56 tenía entre 26 y 35 años.
La mayoría de estas muertes se produjeron en cárceles de todo el país y por casos de “gatillo fácil” que tiene como responsables a las policías provinciales y federal, según se señaló.
“La constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etcétera”, denunciaron.
El organismo denunció que en los casos de tortura seguido de muertes ocurridos en cárceles o comisarías, “no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito”, ya que los jueces “son reacios a aplicarlas porque señala con más claridad que ninguna otra figura la responsabilidad institucional”.
En los casos de las comisarías, según la Correpi, las víctimas de la tortura “no estaban detenidas por delitos sino por arrestos policiales para ‘averiguación de antecedentes’”.
