A seis días de las elecciones una serie de denuncias penales golpea a la administración k y en especial a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El abogado Ricardo Monner Sans presentó hoy cuatro denuncias, una de ellas para que se investigue si la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner utilizó un avión privado de la petrolera Repsol-YPF.
Fuentes judiciales señalaron que el letrado pidió que se investigue si un avión privado de la petrolera Repsol-YPF, "propiedad de españoles", vino de Europa a recoger a la presidenta Cristina Fernández y la transportó a Ginebra, donde la primera mandataria asistió a la reunión de la OIT. "¿Cuánto costó esa contratación o de haber sido una 'gentileza' de la siempre privilegia Repsol-YPF cómo se compadece ello con las directrices de la Ley de Ética Pública 25.188?", se preguntó el abogado, informa la agencia DyN.
Otro de los temas que Monner Sans puso bajo la lupa la designación de Gabriel Mariotto en el COMFER. El letrado solicitó se investigue si su nombramiento ha sido o no ilegal dado que el funcionario, según el denunciante, tuvo una radio comunitaria en Temperley que vendió a "Aribet SRL", pese a que la emisora había sido declarada ilegal por el ente de control y en 2005 consiguió un permiso precario. La diputada radical Silvana Giudice ya había requerido explicaciones a Mariotto cuando trascendió que en los 80´había tenido una radio trucha.
El abogado, quien denunció a Kirchner por la utilización del Tango 010 y además presentó una larga lista de funcionarios a investigar en 2008, también se refirió a si la Presidenta le quitó a la agencia estatal Telam la ejecución de la pauta publicitaria oficial de la AFIP, PAMI y las superintendencias de Salud, Riesgos de Trabajo, Seguros y que se determine "¿quién o quiénes la han sustituido?" en el manejo de ese dinero público.
Por último, el multidenunciado secretario de Transporte, Ricardo Jaime, también cayó en las denuncias del abogdo, quien solicitó que se ahonde la pesquisa sobre el jet privado que vino usando el cordobés para sus desplazamientos hasta que el diario La Nación denunció la situación y se determine "de quién es la sociedad titular del sofisticado aparato".
Monner Sans planteó que se investigue si esos hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de cohecho, administración fraudulenta, designaciones ilegales, infracción a la ley de Ética Pública. La denuncia recayó en el juzgado federal número dos, a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal federal Federico Delgado.