El escándalo del juez de Ejecución Penal tucumano, Roberto Guyot, traspasó los límites de la Justicia provincial y es ahora también motivo de presentación en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí, en el juzgado a cargo de María Servini, quedó radicada la denuncia en contra del magistrado, sobre quien pesa la acusación de iniciar el tráfico de estupefacientes, presionando a presos a través de torturas y violaciones. No es la primera vez que Guyot queda en la mira. En enero de 2018, incluso, la Corte Suprema de Tucumán ordenó la apertura de un sumario en su contra por la muerte de un recluso. Previo a ser juez, Guyot fue durante cinco años director de Servicio Penitenciario provincial.
El caso de Guyot salpica al oficialismo tucumano, encabezado por el gobernador Juan Manzur, entre otras cosas, porque involucra a Carina Assad, que fue hasta junio Subsecretaria de Servicios Penitenciarios, y que está sospechada de haber actuado en complicidad con Guyot. Cuando se conoció el escándalo, Assad presentó su renuncia, la cual le fue aceptada por Manzur, pero hay fuertes versiones sobre que continúa en funciones. Aunque desde el Ejecutivo tucumano sostuvieron que ya no está en el cargo.
El caso de Guyot salpica al oficialismo tucumano, encabezado por el gobernador Juan Manzur
La denuncia. Presentada por el abogado Gustavo Morales en los tribunales de Comodoro Py, la denuncia describe cómo Guyot se habría dedicado a organizar bandas de narcotráfico con presos de la provincia. Los detalles del caso dan cuenta de los apremios, violaciones y hasta de cómo la droga habría llegado a Buenos Aires desde el penal de Villa Urquiza, en Tucumán. El destino de los estupefacientes fue precisamente lo que determinó que la denuncia saliera de los límites de la provincia del norte.
Morales es defensor de dos internos que realizaron las denuncias contra Guyot e hizo la presentación hace poco más de una semana en los tribunales de Retiro, y la amplió en las últimas horas.
La denuncia, según pudo saber PERFIL, debió hacerla manuscrita por la gravedad del contenido ya que denuncia a un juez penal y también para ratificar la firma. La presentación es por la presunta infracción al artículo 5 inciso C de la ley nacional 23737 que apunta a la responsabilidad de quien “comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte”.
Junto a Morales impulsa la investigación, Gabriela Gatica, consultora en comunicación, quien, entre otros logros, tiene en su haber la investigación que permitió avanzar con la "mafia de medicamentos", lo que le valió el Premio Eikon de oro en la categoría comunicación en crisis. Así como también intervino en causas en Tucumán como el asesinato de Paulina Lebbos.
El caso que motiva la presentación en lo de Servini tiene su origen en el juzgado federal 1 de Tucumán, donde ya es investigado Guyot. De acuerdo a la denuncia, los lazos de Guyot se extenderían hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “por manifestaciones propuestas de venta de estupefacientes que le habría realizado entre otros internos privados de su libertad ambulatoria a G.G. y A.I.L, a quienes habría relatado el ingreso y distribución de estupefacientes desde la provincia de Tucumán a CABA”, se detalla en la presentación.
En enero de 2018, Guyot fue alcanzado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que dispuso el inicio de un sumario administrativo en su contra, para “deslindar o determinar responsabilidades funcionales” en el caso de un preso fallecido. Otra de las denuncias que involucran al magistrado está dirigida al funcionamiento interno del penal de la ciudad de Concepción por la circulación de drogas para consumo de los presos. Por esta investigación, ya se produjo la renuncia de Assad, subsecretaria de servicios penitenciario.
En el marco de ese caso, el fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez, busca avanzar con la indagatoria de Guyot en los próximos días. Por lo pronto, ya ejecutó dos allanamientos en el penal secuestrando droga, documentación y videos. De acuerdo a la denuncia en la justicia tucumana, allí intervendría Assad, para el ingreso de la droga al penal en vehículos del ministerio.
Consultado por PERFIL sobre la situación de Assad, el ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, aseguró que “desde el momento de su renuncia a su cargo, quedó desafectada totalmente del Ministerio se Seguridad, en todos sus organismos dependientes. Por ello, no percibe bajo ningún concepto cifra alguna por parte de este Ministerio “.
MC
