Desde que empezó la cuarentena obligatoria, la justicia porteña aceptó tratar más 50 amparos en contra del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Y en la mayoría de los casos, los concedió. Entre otros desaires al larretismo, la justicia le ordenó: proteger a los docentes exceptuados del aislamiento, a los que incluso no se les proveían barbijos; enriquecer las viandas escolares; retirar la basura del barrio Padre Carlos Mugica; y darle insumos sanitarios a una enfermera de 60 años del Hospital Durand.
Uno de los fallos más recientes incluye un tirón de orejas dedicado especialmente para el alcalde Rodríguez Larreta. “Si el propio Jefe de Gobierno y el Ministro de Salud de la Ciudad recomiendan públicamente el uso de ‘tapabocas’ para la población en general que se encuentre en situaciones autorizadas para circular por la vía pública, resultaría paradójico que ese propio Gobierno no suministre elementos de protección adecuados a aquellos de sus dependientes que se encuentran cumpliendo funciones de atención al importante número de personas que acuden a los establecimientos educativos”.
La paradoja señalada se volvió incluso más notoria desde ayer, porque el uso de barbijos se volvió obligatorio en la ciudad. La medida cautelar fue concedida por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler. La presentación (hecha por teléfono, a raíz de la suerte de feria que rige en la justicia) fue realizada por el gremio porteño Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). El lunes pasado, el juez le ordenó al gobierno que “de manera inmediata, adopte las medidas necesarias para prevenir el contagio de los/las trabajadores docentes exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
El Gobierno de la ciudad compró barbijos por 3 mil pesos cada uno
Ayer, el mismo juez avaló una cautelar parecida, esta vez en beneficio de una enfermera del Durand. A punto de jubilarse, la mujer hizo personalmente la presentación, tras haber obtenido como respuesta que en el hospital había “escasez de insumos”. En su resolución (difundida por el sitio iJudicial), Scheibler volvió a cuestionar al gobierno porteño. Le exigió que le de “elementos de seguridad sanitaria básicos tales como barbijos adecuados, camisolines, antiparras y alcohol en cualquiera de sus formas” a la trabajadora; y a su vez le reprochó al Ejecutivo “exponerla, en su calidad de enfermera, a un peligro grave e inminente de contraer el virus Covid-19 en ocasión de prestar sus tareas normales y habituales".
Estos dos fallos se suman a otros anteriores y de tono similar. La semana pasada, la jueza Alejandra Petrella, del fuero Contencioso Administrativo (que se dedica centralmente a poner un ojo sobre las acciones del Estado), le dio otra orden al gobierno de Rodríguez Larreta. ¿Cuál? Que realice las tareas de recolección de basura e higiene sanitaria para la prevención del dengue y el coronavirus, en el sector Bajo Autopista de la Villa 31 – Barrio Padre Carlos Mugica. El pedido había sido presentado por el Ministerio Público de la Defensa, y no por un ciudadano o por un colectivo, como un sindicato.
La jueza apuró al “Estado local a cumplir con el principio de prevención en materia ambiental en el Barrio 31, ya que entiende que es el GCBA quien tiene la responsabilidad primaria e indelegable sobre la prevención y reparación del daño ambiental”.
Quién es el funcionario de Larreta que compró barbijos por encima del valor de mercado
Con argumentación un poco más dura, la jueza Romina Tesone dictó una cautelar para que el larretismo entregue leche y yogur con las canastas escolares, además de elementos de higiene. "La administración (aún en el contexto de emergencia) se encuentra compelida a proporcionar un menú saludable, no meramente una bolsa de alimentos", planteó la jueza. La cautelar había sido solicitada por las legisladoras del FIT Myriam Bregman y Alejandrina Barry.
Estos cuatro fallos son sólo una muestra de los que le marcaron la cancha el gobierno porteño, en tiempos de coronavirus y cuarentena. Los tres jueces mencionados (Guillermo Scheibler, Alejandra Petrella y Romina Tesone) son parte de los 22 magistrados que objetaron una decisión reciente del Consejo de la Magistratura porteño. Incluso consensuaron una carta, planteando sus dudas y quejas.
El Consejo dispuso que las causas sean tramitadas por los jueces que estén de turno, sin sortearse mientras dure la pandemia. Esa modificación podría generar que un mismo tribunal acumule todos los expedientes que van llegando, en el lapso de una semana. "Con el aumento de casos que el presidente y el jefe de Gobierno están anunciado, un solo juez de turno será claramente insuficiente”, se quejó ante Página 12 la jueza López Vergara. Los turnos fueron sorteados en diciembre, antes de la expansión del virus. Además la resolución del Consejo podría perder impacto, en caso de que se flexibilice la feria a partir del lunes 27 de abril.
