El Gobierno acusó recibo del duro golpe que significó la imputación a la presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA. Lo hizo por dos vías. Encuadró la determinación en una maniobra “antidemocrática”, de “golpismo activo”, y “terrorismo judicial”. Y brindó ayer la primera respuesta legal a la acusación que en vida escribiera Alberto Nisman. Presentó un escrito ante el juzgado de Daniel Rafecas –quien entiende en la causa– para descalificar la denuncia por carecer de “sustento probatorio”.
Hubo funcionarios que, a diferencia de los habituales voceros del Gobierno, minimizaron la imputación, al punto de desconocerla. “No es una imputación, el fiscal sólo habilitó el proceso para que se investigue la denuncia de Nisman”, dijo uno de ellos a este diario. La agencia estatal Télam tituló la noticia en el mismo sentido.
Pero el oficialismo veía venir la decisión del fiscal Gerardo Pollicita. Por eso, un día antes, la Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados del Gobierno) difundió un escrito de 68 páginas que luego presentó ante el juzgado de Daniel Rafecas en el que desestimó el texto de Nisman: “forma parte de un entramado ficcional”, indicó.
Antes de que Pollicita diera a conocer su resolución –en la que imputó además al canciller Héctor Timerman– el kirchnerismo la encasilló por anticipado en el marco de una batalla con el Poder Judicial. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró que el Gobierno afronta “la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina”.
“¿Por qué golpismo activo? Porque los requerimientos que se realizan no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino política, para generar impacto político, y no tiene ningún tipo de validez jurídica, porque no existe prueba ni siquiera indiciaria, respecto de eventual culpabilidad”, advirtió. Y agregó: “Lo que se busca es el estrépito social, se pretende imputar a la presidenta de la Nación por un memorándum que nunca se firmó”.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, se expresó en la misma línea. “Es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática. No tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado”, minimizó. Aunque opinó que lo que genera la acusación “sí tiene mucha importancia”. “Eso es lo que cuestiono del fiscal, severamente, porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”, recalcó.
Más allá de la verborragia de los voceros del Ejecutivo, el escrito de la Procuración intentó desestimar la denuncia de Nisman. En su presentación, sostuvo que el funcionario judicial centró el descargo del Gobierno en el tema de las circulares rojas de Interpol. Afirmó que la supuesta intención de anular esta medida, en favor de los iraníes acusados, “constituye el núcleo basal de la hipótesis delictiva que ha construido el doctor Nisman en su denuncia”. Por ello dedicó varias páginas a mostrar el intercambio epistolar con las autoridades del organismo internacional, y la nota que presentara su ex secretario general, Ronald Noble, tras conocerse la denuncia. Sobre las escuchas y otras pruebas aportadas, se indicó que tienen “carácter indirecto, y están basadas en dichos de terceras personas”. A la vez que aclaró que quienes hablan en las conversaciones registradas “no fueron investidos” como representantes de la Argentina. También se destacó que los dichos de las escuchas podían tener múltiples interpretaciones.
