El kirchnerismo recuperó ayer la ofensiva en su batalla contra el Grupo Clarín. Por un lado, y tal como se preveía, la procuradora, Alejandra Gils Carbó, se manifestó por la constitucionalidad de la Ley de Medios y dejó el camino allanado para que resuelva la Corte Suprema.
Por el otro, el Gobierno designó a Guillermo Moreno como el representante del Estado en todas las asambleas del multimedios, y la Comisión Nacional de Valores declaró la “irregularidad e ineficacia” de lo resuelto en la última reunión de accionistas.
Gils Carbó avaló la postura que tuvo la Afsca y efectuó una crítica jurídica a los camaristas que declararon la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 48 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Además, resaltó la importancia de la libertad de expresión, pero también de información como el punto de inflexión que debería abordar la Corte. “Nos encontramos frente a un caso en el que la libertad de expresión y de información se encontraría en tensión al estar en ambos lados de la ecuación, y ése es el verdadero conflicto que debe resolver la Corte Suprema”, advirtió la jefa de fiscales.
Para Gils Carbó, los camaristas tuvieron una visión parcial del conflicto en el sentido de que pusieron énfasis en los derechos patrimoniales de los demandantes sin que se advirtiera igual tesón en los derechos ciudadanos a la pluralidad informativa, de ideas, y de contenidos. “La libertad de empresa de los medios de comunicación no puede jugar en el plano del derecho constitucional un papel autónomo desligado de los derechos y las garantías que la Carta Magna consagra en beneficio de la ciudadanía”, advirtió la procuradora en su presentación.
De esta manera, la mira queda puesta en los ministros de la Corte, que están dispuestos a resolver la cuestión de fondo “lo antes posible”. Se estima que será con posterioridad a la feria judicial de invierno, aunque aún resta saber si será antes o después de las primarias del 11 de agosto.
Por estos días hubo intercambio de opiniones entre los cortesanos sobre la importancia que tiene para algunos de ellos hacer hincapié en la afectación o no de la libertad de expresión. En minoría, algunos preferirían limitar la cuestión al análisis del derecho a la propiedad, a la libertad de comercio, los derechos adquiridos y las cuestiones económicas del mercado.
De todas formas, el fallo de la Corte sería salomónico, alineado con la técnica jurídica de los camaristas, que para la mayoría de los cortesanos sería “ajustado a derecho”.
Por el lado del Gobierno, el jueves Axel Kicillof designó a Moreno para participar, en nombre del Estado, “en todas las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales” que desarrolle la compañía. Además, lo habilitó como representante estatal en todas las acciones judiciales y administrativas que involucren al Grupo Clarín.
La mala noticia para el Gobierno ayer vino del lado de la Justicia. El juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico suspendió la conformación de las nuevas cámaras de Casación, que formó parte del paquete de leyes de la reforma judicial impulsada por Cristina.
