La conflictividad social y la preocupación de los sectores más vulnerables por la crisis económica tienen su correlato al interior de la Cámara de Diputados, donde siguen surgiendo propuestas desde el propio Frente de Todos para hacer frente a las complicaciones.
Con la llegada de la ministra de Economía Silvina Batakis se renovaron las expectativas sobre una agenda parlamentaria, pero se mantiene además la presión para activar el salario básico universal. Si bien el Ejecutivo desestimó la propuesta en el marco de las políticas de contención del gasto que pretende instaurar Batakis, la iniciativa se va ubicando cada vez con más fuerza entre los reclamos de las organizaciones sociales.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, admitió que “sería el tipo más feliz del mundo si pudiera instalar el salario básico universal. Antes de largarnos a jugar una política como esa, hay que ser conscientes de que podamos”. Y allí recordó la experiencia de 2009 cuando “el Grupo A votó el 82% móvil, estaba bárbaro ¿pero quién lo va a pagar?”, se preguntó en alusión al veto de la entonces presidenta Cristina Kirchner sobre una propuesta que no tenía garantizado el presupuesto suficiente.
En medio de los tironeos, Fernández dejó entrever el malestar que existe dentro de la coalición oficialista con el referente de Patria Grande Juan Grabois, cara visible de la propuesta parlamentaria. “Me parece que está pidiendo algo que quiere él”, ninguneó el ministro.
Itaí Hagman, diputado del Frente de Todos enrolado en Patria Grande, es uno de los más firmes defensores de la propuesta, y reconoció que “el costo fiscal es grande, pero no es delirante”. La aclaración está relacionada además con una crítica que había surgido no solo desde el Ejecutivo sino también de la oposición, que está transitando incluso el camino inverso con un pedido de derogación del impuesto a los Bienes Personales firmado por Martín Tetaz.
El Movimiento Evita, otro de los sectores sociales con representación en el Congreso, reflotó además otra propuesta que ya había hecho ruido dentro del oficialismo y que toma fuerza en un contexto de escasez. Los diputados Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli tienen en mente avanzar con un proyecto de ley para crear una Empresa Nacional de Alimentos que produzca lácteos, harinas y derivados, legumbres y agua embotellada. La intención es crear un fondo soberano de financiamiento para poder afrontar la creación de estas empresas con el objetivo de “atacar el problema de la inflación construyendo precios de referencia anclados al mercado nacional”.
La propuesta fue presentada a Rafael Klejzer, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo, uno de los referentes de UTEP que tiene lugar en el organigrama oficial. La idea ya había surgido en febrero pasado y ahora volvió a cobrar fuerza, en un escenario de alta inflación que incide de manera directa sobre los sectores más pobres.
Natalia Souto, diputada de Somos Barrios de Pie, aprovechó también para reivindicar la necesidad de crear un monotributo productivo, destinado a más de 8 millones de personas que viven de la economía popular. “Creemos que la propuesta del salario básico universal hay que legislarla de manera urgente”, subrayó.
En su doble rol de diputado del Frente de Todos y titular de la CTA, Hugo Yasky se permitió cargar duro contra el Gobierno que, a su criterio, “está golpeado y asediado”. En ese aspecto, Yasky pidió aplicar la Ley de Abastecimiento y avanzar con un impuesto a la renta que planteó Martín Guzmán pero no se llevó a cabo hasta el momento.
