El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó hoy a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de sus críticas al sistema judicial, y advirtió que su discurso "legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal". Ayer, la mandataria aseveró que "la gente está cansada, quiere que la Justicia sea menos corporativa", frente a lo cual tomó como ejemplo algunos fallos en los que se liberaba a condenados a violaciones que luego protagonizaron nuevos hechos delictivos. Para la Presidenta, se trata de "jueces sin responsabilidad dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir, a matar o a violar".
En un comunicado titulado "Más prisión preventiva no es más seguridad", la entidad salió a diferenciarse hoy de las palabras de la jefa de Estado en torno a la facilidad para excarcelar a sospechados de graves crímenes y le advirtió que "el verdadero problema es la cantidad de pobres encarcelados sin condena" que viven en penales "indignos".
"Estas afirmaciones distraen del debate sobre el funcionamiento de la justicia penal y sobre las políticas democráticas de prevención y reducción de la violencia y el delito que deben encararse", opinó el CELS, entidad conducida por el periodista Horacio Verbitsky.
En el texto, el organismo argumenta que "por estremecedores que sean, los pocos casos en que personas sometidas a proceso han matado o violado no justifican el cuestionamiento genérico a los magistrados que aplican las leyes, la Constitución Nacional y las convenciones internacionales de Derechos Humanos". El comunicado del CELS marcó así un claro distanciamiento de las palabras de la jefa de Estado.
No obstante, remarcó que comparte los dichos de la mandataria "sobre la democratización de los tres poderes del Estado, los métodos transparentes y participativos para la designación de los jueces y la necesidad de que 'la independencia sea no sólo en el poder político, sino también del poder económico de las corporaciones'".
"El CELS, que participó en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y acompaña el reclamo por su completa vigencia, objeta esta afirmación que legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal, ya demasiado fuerte en medios de comunicación y administraciones provinciales", aclaró. "Estas afirmaciones distraen del debate sobre el funcionamiento de la justicia penal y sobre las políticas democráticas de prevención y reducción de la violencia y el delito que deben encararse", sostuvo.
La entidad recalcó que "el ordenamiento jurídico argentino no autoriza, sin debido proceso y condena judicial, a privar a nadie de la libertad por su peligrosidad".
"El verdadero problema es la enorme cantidad de personas, pobres en su gran mayoría, encarceladas sin condena, que en todo el país promedian alrededor del 60 por ciento de quienes habitan cárceles indignas del mandato constitucional", añadió.
