El "BarbijoGate" supuso un cambio drástico en el esquema de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad para combatir la pandemia de coronavirus. En la “mesa chica” del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, terminaron de delinear esta semana un nuevo proceso de control interno y validación de cada compra para evitar nuevos traspiés. El nuevo sistema incluye una declaración jurada obligatoria por parte de las empresas donde quede establecido que no hay conflictos de interés con los funcionarios porteños.
Es que el affaire de los barbijos supuso la salida de subsecretario de Administración de Salud, Nicolás Montovio, por dos licitaciones de compra de barbijos, una con presuntos sobreprecios y la otra con un adelanto financiero sospechado. Es más: uno de los proveedores terminó preso el jueves.
En este contexto, el nuevo esquema de compras supone cuatro etapas. La primera tiene que ver con la evaluación del gasto y la contratación en cuestión. De eso se ocupará la Jefatura de Gabinete que conduce Felipe Miguel, a través de Patricio Avellaneda, secretario de Planificación, quien analizará la compra para ver si es viable y si hay fondos para realizarla.
En segundo lugar, el ministerio de Hacienda le brindará un informe al área que requiere la compra con valores indicativos del producto o insumo necesario con pisos y topes. No se trata de precios de referencia, como en Nación, ya que en la Ciudad la Sindicatura porteña no tiene las mismas funciones, sino que actúa como mecanismo de control a posteriori.
Quién es el funcionario de Larreta que compró barbijos por encima del valor de mercado
La tercera etapa se da cuando el organismo recibe la oferta de los proveedores. En esta etapa se da una presentación de declaración jurada por parte de la empresa, que será obligatoria cuando se presenta la documentación. Esta declaración jurada, que no existía con estos ejes, supondrá una presentación vinculada a los conflictos de intereses donde se deberá informar si el proveedor tiene alguna relación familiar directa o indirecta con funcionarios del Gobierno porteño. También deberá informarse si, en las empresas asociadas, hay algún tipo de ligazón con otras sociedades.
Una de las cuestiones que apareció con el "BarbijoGate" fue que el hermano del jefe de Gabinete aparecía en una empresa de seguros junto a Ignacio Sáenz Valiente, el abogado y empresario que quiso vender barbijos vencidos y obligó a dar de baja la licitación de Green Salud S.A. Rodrigo Miguel nunca fue proveedor del Gobierno pero es socio de Sáenz Valiente, con otra empresa del sector seguros.
Sáenz Valiente es, además, abogado del Grupo Clarín y hasta formó parte de parte de las empresas del holding. Pero, además, adicto a crear firmas, registró más de 50 sociedades a su nombre con distintos objetivos, desde la venta de alimentos, pasando por el negocio del fitness. En alguna de ellas también hay funcionarios porteños asociados. Ninguna, por ahora, es proveedora del Gobierno porteño.
En lo que refiere al nuevo esquema de compras, tras la presentación de la declaración jurada de parte del proveedor, antes de adjudicar, si la licitación avanza, el organismo que quiere contratar deberá volver a requerirle al área de Compras que le entregue un informe con los valores indicativos a la hora de adjudicar. Si los valores son cercanos, se avanzará. Si el valor está muy por encima, el expediente volverá a la jefatura de Gabinete para analizar qué se hace con esa licitación.
En la Ciudad apuntan que, aunque el valor esté por encima de los valores indicativos, la ley de Compras habilita, por catástrofe o pandemia, a realizar la compra en el marco de la emergencia. La diferencia será, entonces, que ahora habrá una “evaluación detallada” de cada una.
CP
