La denuncia penal que presentó Marcelo Parrilli tuvo hoy su primera novedad. El abogado acusó de prevaricato a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. Los tres ministros votaron a favor de la aplicación del "2 x 1" para Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por la represión de Estado en el Hospital Posadas al comienzo de la última dictadura militar. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas bajo el número 5900/2017.
El abogado denunciante aseguró por AM750 que los tres magistrados "le deben mucho a este Gobierno", y criticó particularmente a Elena Highton de Nolasco al afirmar que realizó "una maniobra grotesca". Parrilli aseguró que "prácticamente ningún juez aceptó aplicar el 2x1. Habrá que ver qué hace la Cámara y después la Corte".
El fiscal Guillermo Marijuán ya imputó a los magistrados y ahora llegó el turno de Rafecas para avanzar. El juez tiene dos caminos: o hace lugar al pedido del fiscal, abre la causa y dispone de medidas de instrucción, o entiende que de la denuncia formulada no surge delito y sea desestimada. El historial del juzgado que dirige Rafecas permite suponer el caso sería desestimado, ya que es un tema que debería dirimirse en otros ámbitos que no son los judiciales. Esta clase de decisión ya se observó en expedientes como la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el pacto con Irán, la acusación contra Mauricio Macri por la emisión de Lebacs o el Memorándum con Qatar.
Pero el freno a los alcances del fallo podría llegar por vía legislativa. En el Congreso se acumulan los proyectos de pedido de juicio político para los ministros de la Corte. También hay propuestas que acotarían el alcance de la ley, de forma que practicamente le sea imposible a los genocidas obtener el beneficio del 2x1.
Las iniciativas no vienen solo de la oposición, sino también del oficialismo, que debió modificar su discurso ante el rechazo social de que los represores obtengan la libertad antes de tiempo. El bloque de diputados del FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, presentó dos proyectos. El pedido de juicio político es encabezado por Juan Cabandié y apunta a los jueces por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".
El otro proyecto, encabezado por el propio Recalde, es una ley aclaratoria para interpretar la aplicación de la Ley 24.390, estableciendo que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna. Pero también dentro del oficialismo avanzó la idea de un proyecto en común de todos los bloques para acotar al máximo el polémico fallo.
Por otra parte en el Senado el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, impulsará en la Cámara alta un proyecto para limitar el beneficio del 2x1. El plan consiste en acotarlo a quienes estuvieron presos durante la vigencia de la Ley 24.390, entre 1994 y 2001. Esta iniciativa se presentará esta tarde.
Las iniciativas no vienen solo de la oposición, sino también del oficialismo, que debió modificar su discurso ante el rechazo social de que los represores obtengan la libertad antes de tiempo. El bloque de diputados del FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, presentó dos proyectos. El pedido de juicio político es encabezado por Juan Cabandié y apunta a los jueces por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".
El otro proyecto, encabezado por el propio Recalde, es una ley aclaratoria para interpretar la aplicación de la Ley 24.390, estableciendo que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna. Pero también dentro del oficialismo avanzó la idea de un proyecto en común de todos los bloques para acotar al máximo el polémico fallo.
Por otra parte en el Senado el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, impulsará en la Cámara alta un proyecto para limitar el beneficio del 2x1. El plan consiste en acotarlo a quienes estuvieron presos durante la vigencia de la Ley 24.390, entre 1994 y 2001. Esta iniciativa se presentará esta tarde.
