De sospechosos a víctimas, y de víctimas a procesados. Ese fue el devenir de los Ciccone en la investigación de Ariel Lijo, quien en su fallo del viernes acusó a Nicolás Ciccone y a su yerno Guillermo Reinwick de “cohecho activo”. Según el juez, la familia ofreció el 70% de las acciones de Ciccone Calcográfica a Amado Boudou, su socio José María Núñez Carmona y su supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele a cambio de que rescataran a la empresa de la quiebra y le garantizaran negocios con el Estado.
El abogado de Nicolás Ciccone, Maximiliano Rusconi, aseguró ayer que la decisión de Lijo “es un escándalo procesal pocas veces visto, una nueva forma de tortura”, y acusó al juez de haber engañado a su cliente. Rusconi sostuvo que “el nuevo método de tortura es obligarlo (a Ciccone) a declarar contra sí mismo, a que confíe el hecho diciéndole que está bajo juramento”, y luego haber utilizado esa información obtenida para procesarlo.
Otro abogado de la familia, Marcelo Ruiz, dijo a PEFIL que van a apelar la decisión del magistrado.
Rusconi argumentó que durante la testimonial de Ciccone el fiscal Jorge Di Lello le advirtió a Lijo que había riesgo de autoincriminación, “lo que implica que había que relevarlo del juramento y continuar con la audiencia pero en carácter de indagatoria, donde se puede hacer un acto de defensa, decir la verdad o no, mentir, no contestar preguntas”.
Lijo rechazó esa alternativa. “(Ciccone) se quedó tranquilo porque el juez, teniendo la oportunidad de interrumpir el acto y modificar las reglas, confirmó que Nicolás Ciccone era un testigo y le rechazó el pedido en medio de la audiencia al fiscal Di Lello”, completó Rusconi.
La información aportada por Ciccone en su testimonial resultó clave para que el juez avanzara primero en el llamado a indagatoria y luego en el procesamiento de Boudou y los demás acusados.
A la vez, en los tribunales se evalúa que, sin el procesamiento de los Ciccone, la investigación de Lijo hubiera quedado demasiado expuesta a un rechazo de la Cámara Federal en caso de que el vicepresidente o los demás sospechados apelaran la decisión.
El fallo del magistrado fue taxativo respecto de Nicolás Ciccone, fundador de la imprenta junto a su difunto hermano Héctor: “Tenía pleno conocimiento de los términos del acuerdo y de lo que implicaba la cesión de las acciones. Conforme ya se demostró, tanto él como Héctor Ciccone decidieron ceder el 70% del capital accionario a raíz de que Amado Boudou era el verdadero dueño de The Old Fund. Es decir, ellos decidieron negociar con el ministro de Economía, que delegó el negocio a su amigo y socio comercial Núñez Carmona”.
Según concluyó Lijo, Reinwick habría tenido un rol clave en la presunta negociación con Boudou: se lo acusa de haberse reunido dos veces con el vice, en Telefe y en I Fresh Market de Puerto Madero, para iniciar el contacto que acabaría en la cesión del 70% de las acciones de la empresa a The Old Fund a cambio de un plan de pagos de la AFIP para rescatar a la compañía de sus deudas y de una garantía de negocios con el Estado. En un principio, el juez Ariel Lijo había llamado a los Ciccone como testigos porque los consideraba víctimas de una extorsión en la que quedaron despojados de su empresa. Con ese argumento deambularon por los medios de comunicación.
Sin embargo, al avanzar en la investigación concluyó que fueron parte activa en el cohecho y así le dio la razón al fiscal Di Lello, quien desde un primer momento sostuvo que si existió algún delito la familia estuvo involucrada.
