La Cámara Federal será decisiva en el futuro procesal del vicepresidente Amado Boudou. Una vez que las defensas de los procesados apelen la resolución del juez Ariel Lijo, la causa pasará a las manos de la Cámara y deberá resolver su continuidad. Serán los mismos camaristas de la Sala I Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes ya criticaron la investigación del magistrado y le ordenaron investigar la ruta del dinero.
Ellos podrán confirmar el procesamiento, revocarlo, anularlo o dictar falta de mérito, como también ordenar nuevas medidas de prueba en relación con los delitos que se le atribuyen a los imputados.
Entre sus facultades también tienen la de separar al juez de la causa ante alguna supuesta “irregularidad o subjetividad del magistrado”, pero eso ya lo descartaron en su última resolución.
En conclusión, Lijo seguirá a cargo de la causa, pero existen alternativas para que el juicio oral se demore. Por ejemplo, si el magistrado fuera recusado por algunas de las defensas, los camaristas deberían analizar y resolverlo.
Freiler, Ballestero y Farah analizarán una vez más el expediente, los hechos, las pruebas e incluso podrían pedir una nueva declaración indagatoria de los procesados.
Las defensas del vicepresidente Amado Boudou, como las de José María Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner, Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone adelantaron que apelarán el auto de procesamiento e incluso plantearán nulidades procesales.
Maximiliano Rusconi, abogado de Nicolás Ciccone, adelantó a PERFIL que planteará nulidades. Además, confirmó que apelará el auto de procesamiento contra el ex dueño de la imprenta. La supuesta afectación a la defensa de Nicolás Ciccone como de su yerno, Guillermo Reinwick, ya la advirtió el camarista Eduardo Farah en su resolución en la que detalló que “se habría afectado el artículo 18 de la Constitución Nacional porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo”, en relación a las testimoniales del clan Ciccone en las que podría haber un atisbo de “nulidad”, explican voces cercanas.
Las defensas especulan con que los camaristas insistan con el llamado a indagatoria del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ya que el mismo Lijo en el auto de procesamiento explica que “la intervención de la AFIP fue indispensable”, en relación al proceso de quiebra que habría generado todo este accionar. Lijo atribuyó la responsabilidad penal al jefe de asesores de Echegaray y lo procesó. Los defensores también esperan que los camaristas insistan con que se debe ahondar en la ruta del dinero, para dilatar el juicio oral.
Ante esto, Lijo podría desdoblar la investigación y elevar a juicio la causa por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles y ahondar en los responsables de la “inyección de fondos”, por lavado de activos, pero correría el riesgo de ser recusado o tener que excusarse por su supuesta relación con uno de los que deberían ser investigados, el banquero Jorge Brito.
Los camaristas no tienen plazo para resolver, pero sí tendrán desde ahora la decisión del futuro del vice y los procesados en sus manos.
