El Congreso controlará a la ex SIDE

La Secretaría de Inteligencia -ex SIDE- puede dejar de ser una "caja negra" donde casi nadie, inclusive a veces miembros del gobierno de turno, sabía qué ocurría. Ahora deberán someterse al control parlamentario: una comisión bicameral del Congreso apunta contra los puntos más controvertidos del organismo: escuchas ilegales y gastos reservados.

Por primera vez desde su creación, la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Los Organismos y Actividades de Inteligencia está presidida y dominada por la oposición, y esta semana comenzará a funcionar. Entre sus primeras actividades estará la citación de la plana mayor de la SI, incluído su titular, Héctor Icazuriaga, informó el diario La Nación .

Las medidas más importante del plan de trabajo delineado por la oposición incluyen: pedir a la Dirección de Observaciones Judiciales (conocida como "Ojota") las escuchas telefónicas y los requerimientos judiciales correspondientes que las avalen. También se reclamará la ejecución presupuestaria de la SI -que trepa a $514 millones anuales-, en especial el polémico apartado de gastos reservados, y la lista de denuncias en contra de los últimos cinco años, en particular las acusaciones de escuchas ilegales.

"Hemos diseñado un plan de trabajo y estamos decididos a poner en funcionamiento una de las comisiones más importantes que tiene este Congreso", expresó al matutino Gerardo Morales, jefe del bloque de senadores radicales e integrante de la comisión. En efecto, los opositores pidieron también el Plan de Inteligencia Nacional y que la SI cumpla las las recomendaciones que formulen.

La Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Los Organismos y Actividades de Inteligencia funciona desde 2001, cuando se reformó la ley nacional de inteligencia, pero hasta ahora siempre estuvo dominada por los oficialismos de turno y no tuvo logros significativos, a pesar de su presupuesto anual de 3,6 millones de pesos.

Hace dos semanas, la oposición logró arrebatarle la presidencia de la comisión al oficialismo, que argumentó que se violó un acuerdo preexistente. Los opositores replicaron que, con presidencia kirchnerista, la comisión nunca iba a funcionar ni lograr ningún avance. Ahora está en manos de Adriana García, una diputada del Peronismo Federal que responde a Felipe Solá.