La propagación de casos de coronavirus en el Congreso terminó de convencer a la oposición sobre la necesidad de continuar con las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados auspiciada por el Frente de Todos y es por eso que se logró prorrogar por 30 días hábiles el protocolo de funcionamiento a distancia en medio de la pandemia.
En ese lapso, la intención es sesionar en, al menos, dos oportunidades después del 17 de julio y una posible tercera reunión para recibir al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que ya hizo su primera incursión en el Senado a mediados del mes pasado.
Además de la preocupación que tiene el Gobierno por el tema sanitario, la otra prioridad es el sostenimiento de una economía que viene en picada desde el inicio de la cuarentena. Con el aval del presidente Alberto Fernández, ayer llegó a la Cámara Baja un proyecto para disponer una moratoria por las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de este año.
La medida incluye las obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social, con un plazo de adhesión que sería hasta fines de septiembre, con el primer pago previsto para noviembre. La disputa allí será por quiénes serán los alcanzados por el beneficio: el Frente de Todos apunta a monotributistas, autónomos y Pymes, y el PRO aspira a incluir a los grandes contribuyentes en el paquete de emergencia.
El texto presentado por el diputado Marcelo Casaretto, titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, es uno de los dos temas que están en la agenda de temas prioritarios para el oficialismo en el próximo mes. El otro asunto que promete causar cortocircuito es la discusión del Presupuesto.
Si bien el proyecto con las previsiones para el año próximo debe llegar en septiembre al Legislativo, fuentes parlamentarias confirmaron a PERFIL que el Gobierno enviará una ampliación de la prórroga del Presupuesto 2019, que se tomó para definir el rumbo desde el comienzo de la gestión de Fernández, ya que no fue aprobado el esquema para el corriente año.
La estrategia del oficialismo tiene que ver con una cuestión operativa, pero también con una jugada política ya que se buscará que el Congreso apruebe algunas medidas claves para la pandemia, sin necesidad de usar los “superpoderes” que se le otorgaron a Cafiero hasta fin de año ni sacarlo por DNU. Los temas que irían en esa ampliación sería el uso del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por Anses, un refuerzo para los fondos del PAMI y el aumento de las transferencias sociales en general, para paliar la crisis.
La moneda de cambio —al menos por este mes— sería no llevar al recinto la creación de la Comisión Investigadora de la deuda de Vicentin con el Banco Nación, impulsado por el ala cristinista del oficialismo y que tiene media sanción en el Senado, el Impuesto a la Riqueza, cuyo texto nunca se llegó a conocer y, mucho menos, la posible expropiación de Vicentin, que también interesa a Cristina Kirchner.
