La conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en el Congreso para la discusión del controvertido DNU del presidente Javier Milei abre una carrera cabeza a cabeza entre el Poder Legislativo y el Judicial para ver quién de los dos lo avala o si directamente lo rechaza o declara inconstitucional.
De momento, quien lleva una minúscula pero importante ventaja es la Justicia. Es que en el Fuero Federal en lo Contencioso Administrativo hasta ahora se acumularon tres amparos donde se reclama la inconstitucionalidad del decreto 70/2023 más los que diversos sectores que se consideren afectados adelantaron, presentarán después del feriado por la Navidad.
El primero que recayó en el Juzgado número 2 que encabeza el magistrado Esteban Carlos Furnari. Fue presentado a mediados de semana en una acción conjunta promovida por el titular de Unidad Popular, Claudio Lozano; el abogado y fundador del Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; el secretario general de la CTA Autónoma Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, y su par de la Asociación de Trabajadores del Estado Nacional, Rodolfo Aguiar, junto al Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, representada por María Eva Koutsovitis.
El reclamo se aboca a tres aspectos puntuales, siendo el primero la inconstitucionalidad del decreto en su totalidad; el segundo su nulidad y el tercero que se dicte una medida cautelar suspensiva no solo de los efectos del decreto, sino también su vigencia. Dato no menor es que si bien en el DNU no se especificaba su fecha de entrada en vigencia, esta se toma desde el octavo día de su publicación en el Boletín Oficial tal y como lo establece el artículo 5 del Código Civil y Comercial Federal.
Teniendo en cuenta lo anterior, el decreto empezará a tener validez legalmente desde la medianoche del próximo 29 de diciembre. Eso le da un margen a la Justicia para que pueda darle curso o no al trámite no solo del primer amparo, sino también los que se sumaron en las últimas horas.
Ellos vinieron por un lado, de la mano del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien sostiene que no se dan los requisitos de habilitación constitucional de cada una de las medidas contempladas en el DNU de Milei; por el otro, Bingo del Oeste, que aunque no guarda el mismo tenor que la anterior, va por el lado de la inconstitucionalidad. Si bien los sorteos de las presentaciones recayeron en diferentes juzgados, la última quedó radicada en el de Esteban Carlos Furnari, mismo que tiene el primer amparo y que ya tiene en su poder las presentaciones formuladas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
La radicación del primer amparo en un juzgado no implica que los siguientes queden en el mismo. Todo va a depender y puede variar según tipo de presentación, si es por uno o varios artículos del DNU o directamente por todo el decreto, tal y como sucedió con el primer caso. Asimismo, dichas presentaciones no solo se pueden limitar al fuero Contencioso Administrativo, sino también en el Civil y el Civil y Comercial Federal.
Pero en lo que concierne a las primeras presentaciones sin haber entrado en vigencia del DNU, será el propio magistrado sorteado quien determine si acepta analizar los planteos o los rechace “in limine”. De aceptarlos y darle curso al trámite, le tendrá que dar la oportunidad al Estado como contraparte de hacer su descargo sobre el planteo de inconstitucionalidad. Para ello, el Ejecutivo tendrá un plazo de cinco días hábiles.
