El consumo de sustancias en la política siempre fue motivo de acusaciones cruzadas. Las últimas tuvieron como protagonistas a la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien acusó al senador kirchnerista Juan Manuel Abal Medina de estar “pasado de droga”; y a Aníbal Fernández, quien invitó al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, a hacerse una rinoscopía.
Ahora, desde Ritondo hasta quien acaba de ingresar en la Escuela de Cadetes de la Bonaerense deberán someterse a análisis. Pero lejos de detectar si alguna vez consumieron o consumen sustancias habitualmente, las pruebas sólo revelarán si quienes se sometieron a ella se drogaron en las últimas 48 horas.
“Si vos vas a hacer un análisis que no es de forma periódica, ¿cuál es el sentido?”, se preguntó el ex secretario de Seguridad y actual senador bonaerense por el Frente para la Victoria, Sergio Berni. “Está muy bien que se hagan análisis pero se tienen que hacer de forma periódica. Al chofer de colectivo, cada vez que sale a la ruta se le hace un control de sustancias, ¿cómo a un agente que sale a la calle con un arma no se le hace un control permanente? Termina siendo una medida marketinera”, sostuvo.
En el último encuentro de la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura se le solicitó a la gestión de Vidal un informe técnico sobre cómo se implementará la medida anunciada pero aún no fue respondido. “Nos interesa que no consuma mientras está trabajando, esto no es una caza de bruja”, explicó el Dr. Carlos Damín, especialista en Toxicología, y director de FundarTox, fundación que se encargará de hacer los análisis, sobre por qué no se hace un estudio que detecte el consumo por un período más prolongado. “Es una campaña de prevención y tiene un efecto disuasivo, el objetivo es que un agente sepa que le pueden hacer un control”, agregó.
El diputado del Frente Renovador Pablo Garate responderá a esta iniciativa con la presentación esta semana de un proyecto de ley para que todos los funcionarios se sometan a análisis. “La técnica a usarse no debe limitarse sólo a la detección del consumo de drogas en las últimas horas”, dice el proyecto sobre la rinoscopía obligatoria. Además queda escrito que los controles deberán realizarse “en efectores públicos de salud y se autoriza a formalizar acuerdo con las universidades nacionales” en contraposición del convenio que firmó la gestión de Vidal para realizar análisis a través de una fundación privada. Desde el Gobierno respondieron que se eligió FundarTox por su reconocimiento en la lucha contra las drogas.
Cada hisopo que se utilizará para realizar el análisis de saliva tiene un costo de US$ 10 y ya hay 6 mil previstos que arrancarán entre los próximos sesenta a noventa días. En dos años, estiman llegar a los 93 mil agentes de la fuerza.
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