El Gobierno aprendió de la 125, ganó varias batallas y a los expropiados sólo les quedaría la Justicia

Pocos hablan de ataque a la propiedad privada o de falta de respeto al deseo expresado hace menos de un año, a instancias de las mismas autoridades que ahora unifican el sistema previsional, de quedarse en una AFJP para acceder a la capitalización de sus ahorros. Ese discurso no ha prendido, salvo en una elite.
 
En todo caso, son espasmos sin mucha difusión, o aún resignación, de quienes creían que las reglas de juego iban a ser respetadas o de quienes habían preferido a Drácula (las AFJP) porque Frankestein (el Estado) ya había estafado varias veces a sus abuelos y a sus padres.

A diferencia del proceso de desgaste que siguió al dictado de la Resolución 125 y como objetivamente esta vez se trata de un premio más gordo todavía para el Fisco, en el caso de la estatización de los ahorros jubilatorios, el gobierno nacional parece haber aprendido algunas lecciones y ha ganado varias refriegas decisivas.

En primer término, se impuso en la batalla del discurso, a partir de haber estructurado una versión que omitía reconocer que detrás de la jugada hay un trasfondo de necesidades fiscales. Para sustentarla, se amparó en la baja de la rentabilidad de las Administradoras, "debido a la crisis internacional", dijo, aunque nada se señaló en relación a los desaguisados locales de política económica que ya habían destruido desde hacía un tiempo las cotizaciones de bonos y acciones. Después, ganó la batalla del tiempo, ya que el tratamiento ultrarápido en el Congreso, casi sin debate para una ley "fundacional", tal como la catalogó el titular de la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados, el oficialista Juan Carlos Díaz Roig, le evitó idas, vueltas, dimes y diretes y cuatro meses de desgaste, como le ocurrió en el conflicto con el campo.

Además, esta vez contó con una oposición que no fue capaz de presentar siquiera un proyecto en común y ganó entonces la batalla de quedarse solo en el escenario, sin una Mesa de Enlace que unificara posturas del otro lado.

En ese orden, esta vez el Gobierno dejó de lado la intransigencia del caso retenciones y supo negociar en el Congreso de modo bien práctico con potenciales aliados, brindándoles más cosmética que efectividades en torno a un supuesto control de las inversiones, más el premio de alguna silla en ese organismo.

También ganó la batalla de los medios, ya que por obra y gracia de cierta unanimidad informativa, la mayor parte de ellos siguen afirmando que de lo que se trata es de la "estatización de las AFJP" y generalmente no se habla ni en radio ni en TV de la expropiación de los ahorros. Esta vez, las Administadoras han sido un perfecto chivo expiatorio a quien el Gobierno estigmatizó con razón en el caso de las comisiones, aunque siempre hicieron en esta materia y en cuestión de inversiones, lo que las normas oficiales le permitieron y nada más.

Por último, ganó la batalla de la calle y no sólo porque las manifestaciones antiunificación fueron más bien modestas y mal encaradas, con oradores mal elegidos y consignas poco claras, sino porque esta vez el oficialismo omitió la polémica con elementos que disgustan a la sociedad, como Luis D'Elía.

Sin posibilidades de torcer la historia, hasta ahora, la desconfianza hizo que quienes han tenido la oportunidad hayan salido a vender bonos y acciones y tomar posiciones en dólares, mercado que también ha sido clausurado en su libertad por operativos oficiales, para quitarle presión a la divisa. Si la ley se aprueba, a los futuros jubilados, sólo les quedará la posibilidad de oponer una acción judicial para intentar recuperar sus ahorros que, según los abogados, no son un derecho en expectativa, sino de su propiedad. Tanto que hasta podían transmitirse por herencia, dicen.

Para avalar la presentación, que ya algunos jueces están acordando de modo parcial, hay declaraciones de funcionarios sobre los beneficios de ejercer la opción que hoy se niega, hechas con anterioridad a esta movida oficial y sobre todo el hecho que la formación de la cuenta de capitalización se hizo bajo el imperio de una Ley que no será derogada, ni siquiera por esta unificación de apuro.