El Gobierno denunció hoy que el incendio de un galpón de la Gendarmería Nacional en la ciudad bonaerense de Mercedes fue un "mensaje mafioso" y "un atentado", vinculado a "los negocios de las cautelares que ha dado el Poder Judicial" a favor de los efectivos de esa fuerza que presentaron recursos de amparos por mala liquidación de haberes.
Así lo sostuvo el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien aseveró que fue "totalmente intencional" el incendio ocurrido ayer en las instalaciones del Instituto de Capacitación Especializada (INCAES) "Cabo Juan Adolfo Romero", de Mercedes, donde por el siniestro de 65 motos nuevas, por un valor total de 1,3 millón de dólares, quedaron destruidas.
El funcionario confirmó además que en el "lado externo" del galpón siniestrado había pintadas que pedían "sueldos dignos" y confirmó que la investigación quedó a cargo de la Policía Federal.
Berni, en diálogo con las radios Mitre y 10, apuntó: "Fue un atentado donde se han incendiado 60 motos nuevas en un galpón, pero lo más triste y lamentable es el mensaje mafioso con lo cual nos pretenden intimidar".
"No creo en las brujas, pero que las hay, las hay", advirtió el secretario de Seguridad, quien dijo no tener "ninguna duda" de que "no ha sido un accidente, que ha sido un delito totalmente intencional". En su acusación, Berni profundizó: "Es un mensaje mafioso que está íntimamente vinculado con el negocio de las cautelares que han hecho jueces como el de Santo Tomé y de Río Gallegos, que en forma exprés han dado miles y miles de cautelares".
De esta manera, Berni responsabilizó al ex juez Civil y Comercial de Santo Tomé (Corrientes) Humberto De Biase, quien otorgó más de 17 mil medidas cautelares por reajuste salarial en beneficio de efectivos de Gendarmería y Prefectura a fines de 2010, y a la jueza de Río Gallegos (Santa Cruz) Ana Cecilia Álvarez, quien también dispuso cautelares en sueldos de las fuerzas de seguridad.
Al respecto, el funcionario aclaró que el Gobierno "no está dispuesto a admitir" ningún tipo de intimidación, por lo cual se ordenó "la investigación correspondiente" para luego "actuar con la rigurosidad de la ley".
El incendio en el INCAES originó ayer sospechas de que haya sido intencional debido a que un sector de efectivos de la Gendarmería continúa disconforme con los sueldos que perciben.
Las motos siniestradas pertenecían al denominado operativo de seguridad "Centinela", en el que están desplegados gendarmes en el conurbano bonaerense para combatir y prevenir el delito. Ayer, el gendarme Raúl Maza, quien fue dado de baja tras ser el principal vocero de los efectivos de la Gendarmería Nacional que reclamaron mejoras salariales, alertó que hay "mucho malestar" por recortes de haberes que se registraron en los últimos días en la fuerza.
En octubre pasado, agentes de Gendarmería y la Prefectura Naval realizaron protestas pidiendo aumento y blanqueo de sus sueldos, debido a los ítems no remunerativos que percibían. Varios suboficiales de la Gendarmería se sumaron a las manifestaciones que iniciaron efectivos de la Prefectura Naval contra la aplicación del decreto presidencial 1307 que ocasionó rebajas de sueldos de entre el 30 y 60 por ciento.
Este conflicto se inició el martes 2 de octubre cuando agentes de Prefectura Naval comprobaron que se les redujo entre un 30 y 60 por ciento sus salarios por la aplicación del decreto presidencial 1307. Por la noche se sumó Gendarmería porque esa norma también tiene impacto en los haberes de su personal.