El Gobierno de Javier Milei cerró toda posibilidad de avanzar en un acuerdo extrajudicial con el fondo Burford Capital, que mantiene una sentencia a su favor por la estatización de YPF y que podría costarle al Estado argentino más de 16.000 millones de dólares. La decisión se consolidó en una reunión que tuvo lugar en la Casa Rosada el 30 de octubre de 2024, donde participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y dos emisarios del fondo: los exbanqueros Gerardo Mato y Hernán Rissola.
La reunión está registrada oficialmente en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses y fue solicitada por Mato y Rissola con el objetivo de "tomar contacto institucional" con el Gobierno. Aunque desde la Jefatura de Gabinete señalaron que no se trató específicamente del caso YPF, los enviados de Burford manifestaron su interés en la situación judicial que enfrenta el país en los tribunales de Nueva York.
"El jefe de Gabinete explicó que la causa está bajo la órbita de la Procuración del Tesoro y que, al tratarse de un juicio en curso con instancias pendientes, no había posibilidad de iniciar ninguna negociación", indicaron desde Casa Rosada. El mensaje fue contundente: no habrá arreglo por fuera del camino judicial, una postura que mantiene continuidad con gestiones anteriores, más allá del cambio de signo político de la administración nacional.
Sentencia millonaria y presión judicial
El caso por la estatización del 51% de las acciones de YPF en 2012 —operación que llevó adelante el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof— está en manos de la jueza Loretta Preska en Nueva York. La magistrada falló contra la Argentina en septiembre de 2023, con una sentencia por US$ 16.100 millones, a la que se suman intereses diarios por unos 2 millones.
A pesar del riesgo económico, el Gobierno sostiene que debe agotar todas las instancias legales antes de considerar cualquier tipo de pago. Desde el Ministerio de Economía aseguran que no hubo ningún contacto directo con los emisarios de Burford y que la estrategia es continuar con las apelaciones. Según el oficialismo, un acuerdo anticipado podría derivar en denuncias penales contra los funcionarios firmantes por no defender debidamente los intereses del Estado.
Por no haber constituido una garantía en Nueva York, la jueza Preska ordenó el 30 de junio la transferencia del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino. El plazo de ejecución se estableció en dos semanas, aunque el lunes 14 podrían producirse novedades sobre su suspensión.
La jugada de Burford y el margen de maniobra
Consciente de la imposibilidad material del país para afrontar el pago total, Burford Capital intenta abrir vías de diálogo. El fondo compró por apenas US$ 15 millones en 2015 los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía y Eton Park, y ahora podría recibir cifras siderales si la sentencia se ejecuta. Sin embargo, en sus balances contables declara como activo una cifra mucho menor: unos US$ 1.538 millones, lo que sugiere que está dispuesto a aceptar una suma reducida pero con mayor celeridad.
Los ejecutivos Mato y Rissola, junto a Tomás Gaona, fueron contratados por el fondo para operar políticamente en Buenos Aires y Nueva York. Ambos tienen vínculos con el mundo financiero internacional: fueron altos cargos en HSBC y conocen los tiempos y lógicas de la economía argentina.
Burford no busca solo ganar el juicio, sino garantizar el cobro. La posibilidad de que el Estado pague con bonos a largo plazo no es atractiva para el fondo, que preferiría un esquema de pago inmediato aunque menor. De ahí su insistencia en explorar un posible acuerdo que el Gobierno, por ahora, rechaza.
El caso Eskenazi y el efecto dominó
Parte del conflicto gira en torno a la familia Eskenazi, cuya entrada a YPF en 2008 fue financiada por Repsol y por bancos internacionales. Como no se realizó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en 2012, la Argentina estaría obligada a saldar todas las deudas asociadas a aquella operatoria. Ese monto supera los US$ 2.100 millones, que también recaerían sobre el Estado si la sentencia queda firme.
Los Eskenazi no cobrarían directamente hasta que esas deudas se salden y Burford reciba su porción judicial. Pero el riesgo para las finanzas argentinas es creciente. Cada día sin solución suma intereses, y la presión internacional sobre los activos del país comienza a escalar.
Una postura política sin fisuras
A pesar de las diferencias ideológicas con el kirchnerismo, La Libertad Avanza mantiene una defensa institucional de la decisión estatal tomada en 2012. El argumento central es que la Constitución Nacional tiene primacía sobre cualquier estatuto societario y que las decisiones soberanas no pueden ser juzgadas por tribunales extranjeros sin considerar ese principio.
En ese marco, el Gobierno busca presentar su postura como una continuidad de la defensa del interés nacional, incluso ante una adversidad jurídica. Sin embargo, el tiempo juega en contra: los intereses se acumulan, la amenaza de ejecución sobre las acciones de YPF está activa y Burford sigue presionando desde los márgenes para forzar un acuerdo.
DCQ
