En 1999, el gobierno saliente del entonces presidente Carlos Menem aprobó en el Congreso una incómoda herencia para su sucesor: el Código de Etica para la Función Pública y la creación de la Oficina Anticorrupción (OA).
En marzo de este año, con la excusa de la reforma judicial, Cristina Kirchner cambió la ley de las declaraciones juradas y logró un récord: que sus funcionarios no tengan que rendir cuentas de su fortuna antes de las elecciones, es decir diez meses después de haber cerrado sus cuentas patrimoniales de 2012.
En los últimos años, con los reiterados pedidos de prórrogas, la Presidenta llegó a demorar la presentación hasta agosto -lo habitual era entre junio y julio-, lo que le valió sucesivas críticas de la oposición. Pero con la fallida "democratización de la Justicia", llegó la Ley 26.857 de transparencia y todo se extendió aún más: se sancionó el 8 de mayo, promulgó el 28 de mayo, reglamentó el 5 de julio e instrumentó finalmente el polémico formulario de la AFIP 1245 (no detalla bienes propios ni de familiares) el 19 de setiembre por el ministro de Justicia, Julio Alak.
Con la explosión del Lázarogate y las elecciones legislativas, la Casa Rosada apostó con éxito a demorar lo máximo posible la divulgación del patrimonio de sus funcionarios, cuando algunos de ellos están investigados en la Justicia por corrupción y enriquecimiento ilícito.
El primero argument fue que la AFIP tardó en elaborar el formulario para las declaraciones juradas (DDJJ). Luego, Alak demoró en publicarlo en el Boletín Oficial, la AFIP de Ricardo Echegaray se tomó su tiempo para enviar los datos de más de 25.000 funcionarios del Poder Ejecutivo a la Oficina Anticorrupción (OA) y, finalmente, la OA alegó "problemas informáticos" para descargar los formularios de la AFIP.
El 1º de octubre vencía el último de los plazos para que las distintas áreas del Ejecutivo informaron a la Oficina Anticorrupción los cumplimientos de los funcionarios. Entonces, ese área desarrolló la web donde se publicarían las DDJJ. Cristina Kirchner había anunciado, además, que los patrimonios serían de libre acceso "para todos". Pero no es así: la OA debe autorizar su divulgación a periodistas, legisladores, abogados o quien demande acceder a esos datos.
Una semana después, de la OA confiaron a Perfil.com "que antes de fines de octubre" serían subidas las declaraciones de bienes de ministros y funcionarios al sistema para su consulta. "No hay forma que esto se demore otros 20 días", insistieron.
En el medio, la Presidenta fue internada por un hematoma craneal y Alak recibió órdenes de frenar todo el sistema: a semanas de las elecciones, sería un duro golpe al oficialismo que se sospechara sobre las fortunas de los gobernantes y, eventualmente, se inicien nuevas denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py luego de la derrota de la derrota en las PASO.
Contra la Justicia. Con la explosión del Lázarogate, la sensibilidad de la opinión pública por la corrupción volvió a ocupar los primeros lugares de la agenda pública. La Casa Rosada siguió adelante con "la ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado", para que los jueces y legisladores también "publicaran en Internet" sus patrimonios. Nada de eso ocurrió. El Poder Legislativo mantiene su régimen de acceso solo por autorización de la presidencia de la Cámara.
Por su lado, la Corte Suprema de Justicia, mediante una acordada por mayoría, ratificó su sistema y los magistrados entregaron sus declaraciones entre mayo y junio. La solicitud demora 10 días hábiles y debe aprobarla el presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera. A diferencia de los funcionarios del Ejecutivo, las presentaciones de jueces no tienen ningún tipo de control, aunque las de los ministros de la Corte sean guardadas con un celo riguroso.
(*) De la redacción de Perfil.com
