sábado 25 de junio de 2022
POLITICA PODER JUDICIAL

El juez Lijo archivó una denuncia contra Carlos Rosenkrantz por abuso de autoridad

Lo acusaban de haber retenido un expediente para que la ahora ex jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco haya podido seguir en el cargo pese al límite de 75 años.

La permanencia de los jueces y juezas en sus cargos más allá de los 75 años sumó un nuevo capítulo este jueves 30. Es que la Justicia federal archivó una causa que se había iniciado contra el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y el ex ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, por una supuesta maniobra ilegal para que la ex cortesana Elena Highton de Nolasco pueda seguir en su cargo más allá de los 75 años permitidos por ley.

La decisión fue firmada por el juez Ariel Lijo, quién llevaba el expediente junto al fiscal Carlos Stornelli. La denuncia había sido presentada en la Justicia por los representantes de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales y apuntaba contra una presunta estrategia coordinada en 2017 por Rosenkrantz y Garavano, a sabiendas de Highton, para que la ex ministra pueda seguir en su cargo.

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La denuncia fue presentada en junio pasado y señalaba el supuesto “desarrollo de maniobras ilícitas organizadas (…) con el propósito de prorrogar la designación de la Dra. Elena Highton de Nolasco como magistrada de la Corte Suprema, en supuesta violación al artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, y valiéndose de recursos e información privilegiada”.

La presentación documentaba cronológicamente que, a sabiendas de que la Corte alistaba el “Fallo Schriffin”, a través del cual iba a ratificar que ningún juez podía seguir en su cargo después de los 75 años a menos que lo validen el presidente y el Senado, Highton presentó el pedido de amparo para seguir en el cargo. Después de ello, para los denunciantes, la ex cortesana y Rosenkrantz “durmieron” el expediente hasta que la Justicia le hizo lugar al planteo.

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Una vez que eso ocurrió, el Ministerio de Justicia fue notificado y empezó a correr el plazo legal que le daba la posibilidad al Poder Ejecutivo de apelar. Ese tiempo venció y Garavano no presentó ningún cuestionamiento, algo que supuestamente nunca había ocurrido. En rigor, en 2010, durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner, ya había ocurrido una situación similar: fue en el caso del ex juez Enrique Petracchi, que había recibido un fallo a favor para seguir en el cargo más allá del límite de edad y el entonces ministro de Justicia, Julio Alak, no presentó apelación.

El camino judicial hasta el archivo

De acuerdo a lo que pudo reconstruir PERFIL, el juez se la remitió a Stornelli quién realizó una serie de pedidos para que le remitan, por ejemplo, copias del amparo judicial a favor de la permanencia de Highton, otra del fallo Schriffin de la Corte y otras pruebas materiales.

Luego, Rosenkrantz se constituyó ante la Fiscalía y presentó un escrito en el que pidió su sobreseimiento al argumentar que era falso el hecho de que supuestamente había retenido el expediente “Schiffrin” en su vocalía desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 14 de febrero del mismo año, cuando terminó el plazo en el que Garavano podía apelar la continuidad de Highton.

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Con detalle de fechas de por medio, el actual vicepresidente de la Corte indicó en el documento que “contrariamente a lo sostenido por los denunciantes, el caso no estaba listo para ser sentenciado antes de que ingresara a mi vocalía ni tampoco antes de que expirara el término para que el Gobierno apelase la sentencia de primea instancia”.

Vale mencionar que el 10 de febrero de 2017 la Justicia le otorgó la cautelar a Highton y cuatro días después se terminó el plazo de apelación, mientras que el fallo cortesano que no le hubiera permitido seguir a la ex ministra recién fue firmado el 28 de marzo de ese mismo año.

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A fines de noviembre de este año, en tanto, Stornelli hizo lugar al planteo de Rosenkrantz y le elevó un escrito al juez Lijo para pedirle que archive la causa al considerar la inexistencia de delito. Ahí sostuvo que la denuncia resultaba más “una deducción lógica que el conocimiento efectivo de la posible ocurrencia de un ilícito”.

Lijo se plegó a la postura del fiscal y decidió archivar la causa. Argumentó que “se llevó a cabo una investigación donde se dispusieron distintas medidas de pruebas, las que no arrojaron ninguna constancia concreta que permita acreditar los hechos denunciados”. En esta línea, “no se logró reunir elementos que demuestren de manera objetiva la utilización de información privilegiada ni la retención intencional del expediente en alguna dependencia”.

La continuidad de Highton de Nolasco en la Corte Suprema después de sus 75 años motivó muchas críticas, principalmente de la Casa Rosada durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, la ministra presentó su renuncia a principios de octubre pasado y su lugar quedó vacante a la espera de que el Gobierno decida una vacante y se inicie el proceso de reemplazo. 

cp