La comisión de acusación del Consejo de la Magistratura tratará, el jueves a las 10, las tres denuncias que existen contra el juez federal Norberto Oyarbide, por supuestas irregularidades en el allanamiento a una cueva financiera.
Para evitar que el escándalo lo salpique, el Gobierno habría bajado la orden al bloque kirchnerista del Consejo, que lidera Julián Alvarez, de que trate con mucha cautela las tres acusaciones.
Paralelamente, el juez federal Luis Rodríguez investiga si hubo “cobro de sobornos o cohecho” durante ese allanamiento.
La comisión de disciplina y acusación la preside la senadora del FpV Ada Iturrez de Capellini. Las denuncias que tratará fueron presentadas por el senador radical Mario Cimadevilla, la Cámara Federal, y los diputados de UNEN.
Existen varias opciones en el reglamento del Consejo de la Magistratura: los consejeros de la comisión pueden pedir medidas de prueba y ordenar la citación y notificación a Oyarbide. La oposición cree que, si bien no existen razones que lo ameriten, las tres denuncias podrían rechazarse in limine.
También especula que otra estrategia del oficialismo podría pasar por pedidos de excesivas pruebas, oficios y pericias para dilatar el proceso contra Oyarbide. “No me apuren”, pidió el senador Marcelo Fuentes, que integra el Consejo. Para el legislador, “hay un procedimiento y plazos” que cumplir. “Queremos respetar el derecho de defensa de este juez y de todos los jueces”, aclaró.
“De ninguna manera esta causa toca el corazón del kirchnerismo”, resaltó Fuentes y explicó que su bloque no “protege jueces. Son especulaciones mediáticas”.
Para el abogado Alejandro Fargosi, miembro del Consejo alineado con el diputado nacional Sergio Massa, Oyarbide debió ser suspendido, y para Daniel Ostropolsky, representante de las provincias, “los argentinos demandan respuestas de las instituciones”.
