A través de una acordada dada a conocer este martes 23 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el aguinaldo del Poder Judicial sea abonado en tres cuotas. La decisión del máximo tribunal vuelve a ir en sintonía con lo resuelto por el Poder Ejecutivo Nacional, algo que sucede desde el inicio mismo de la pandemia de Covid-19 en el país.
El Gobierno nacional había oficializado que pagará en cuotas el aguinaldo de todos los empleados públicos dependientes del PEN. La decisión se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 547/2020. Y en ese mismo sentido fue también el gobierno porteño, que tomó la misma decisión y desdobló el pago del aguinaldo, con excepción de a aquellos dedicados a actividades esenciales como Salud y Seguridad.
La decisión de la Corte se conoció este martes por la tarde tarde y llevó la firma digital de los cinco miembros del máximo tribunal del país. En tanto que en otra acordada resolvieron levantar la feria extraordinaria por la pandemia en varios fueros e instancias de distintas jurisdicciones del país. Entre ellas La Rioja, Córdoba, Mar del Plata, Junín y Salta.
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Desde el inicio de la llegada del Covid-19 al país, la Corte se mostró en completa afinidad con el Ejecutivo, con el que por aquellas horas se mantenía permanentemente on-line. Primero con el dictado de días inhábiles y luego, con el decreto presidencial que dio lugar al Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (APSO), se dictó, el 20 de marzo, la feria extraordinaria, que se prorrogó en concordancia con cada uno de los anuncios presidenciales de extensión de la cuarentena.
Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la pandemia, el máximo tribunal puso en funciones el Comité de Crisis -creado en 2009, en el marco de la emergencia por la gripe aviar- y habilitó una partida inicial de 40 millones de pesos de su fondo anticíclico. En tanto que a comienzos de abril, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidieron reducir un 25 por ciento sus sueldo y destinar esos fondos al Hospital Francisco J. Muñiz, para la adquisición de los bienes o insumos necesarios en pos de enfrentar la emergencia sanitaria por el avance del COVID-19 en el país.
Entonces la decisión se dio a conocer a través de una acordada en la que se sostuvo que, si bien el Estado “ha adoptado medidas a nivel nacional, provincial y municipal para afrontar la emergencia sanitaria, es necesario —dada la magnitud de la crisis— que ese esfuerzo sea complementado con todas las contribuciones personales y de la sociedad civil que sean posibles”.
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Previo a esa decisión, PERFIL había adelantado que desde una de las vocalías del máximo tribunal, junto a varios magistrados federales, se había donado una importante cantidad de bienes a la institución, la primera a nivel nacional especializada en la atención de enfermedades infecciosas. Entonces también se recalcó que desde esa vocalía habían preferido mantener el anonimato. Poco después de eso, la acción en pos de fortalecer el prestigioso espacio hospitalario se hizo extensiva a todos los miembros del máximo tribunal del país.
En esa resolución se destacó que un área a la que deben dedicarse esfuerzos en la situación actual es al del sistema de salud “y, en particular, los hospitales públicos”. Por lo que los cinco cortesanos, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideraron entonces conveniente realizar el aporte voluntario de un porcentaje de sus remuneraciones para contribuir con la adquisición de bienes o insumos que se estimen necesarios ante la emergencia y destinarlos a la Cooperadora del Hospital.
CD / DS
