El Partido Obrero junto con sindicatos clasistas, docentes universitarios y otras organizaciones de izquierda convocaron a una manifestación en el Congreso para mañana miércoles 31 de enero, a la espera de que sea el día en el que el parlamento comience a sesionar el tratamiento de la Ley Ómnibus que pretende aprobar el gobierno de Javier Milei, uno de los principales motivos del reclamo. Además, presionan a que la CGT vuelva a llamar a un paro.
No habrá una movilización sino una concentración directa a partir del mediodía, según pudo confirmar el líder del PO, Eduardo Belliboni, en diálogo con PERFIL. "Simultáneamente le pedimos a la CGT que continúe con las medidas de fuerza contra la Ley Ómnibus", precisó, y agregó que otros de los puntos de reclamo se trata de la "crisis de alimentos en comedores" y del "desastre de la política social" de la gestión de La Libertad Avanza.
Para el dirigente de la izquierda, la central sindical que viene de realizar un masivo y contundente paro el miércoles de la semana pasada ya debería estar anunciando otro paro y hasta por más tiempo: "Si el paro pasado fue de 24 horas y el gobierno sigue avanzando, ahora tiene que haber otro paro de 48 horas para derrotar el plan de Milei de bajar salarios y jubilaciones, además del aumento de las tarifas".
Desde la CGT comenzaron a celebrar la cantidad de artículos que se fueron quitando de la ley ómnibus original, atribuyéndoselo al "éxito del paro". El viernes pasado, por ejemplo, Luis Caputo, ministro de Economía, anunciaba que quitaría los cambios que afectaban los haberes jubilatorios y el retorno del impuesto a las ganancias.
Consultado por esto, Belliboni consideró que los cambios que se hicieron a la ley sólo implicaron cambios para "grandes corporaciones". "Han sacado artículos que pueden molestar a sectores corporativos como retenciones, blanqueo de capitales, cosas que favorecen a patronales y ni una sola medida que ajusta a trabajadores. Sobran los motivos para un planteo de la CGT. Queda también el andamiaje represivo de la ley que va a impedir protestar y peticionar como corresponde con los derechos de los ciudadanos. Todo es parte del acuerdo de Milei con la oposición", acusó.
"El protocolo de Bullrich no respeta la Constitución"
Otro de los puntos que tuvo especial foco en estas primeras semanas de gobierno fue el protocolo "antipiquete" que anunció Patricia Bullrich, donde prohibía los cortes de calles para manifestarse y hasta planteaba cobrarles a los manifestantes el costo del operativo de las fuerzas de seguridad, entre otros polémicos puntos que desataron el debate de hasta abogados constitucionalistas de diversas ideologías que salieron a repudiarlo.
Dentro de la Ley Ómnibus, Belliboni entiende que también se configura una legislación represiva y contrarias a los intereses populares respecto de estos temas. Incluso, la llamada ley "bases" planteó en un principio que las reuniones de tres o más personas en espacios públicos debían ser notificadas al Ministerio de Seguridad de Bullrich.
Finalmente, quitaron ese artículo. Pero en lo que sí avanzó el gobierno es en enviarle la factura por un costo de 60 millones de pesos a las organizaciones manifestantes como la de Belliboni, quien detalló a este medio que por ese tema hicieron presentaciones judiciales hasta en la Comisión Internacional de Derechos Humanos: "Quedó en nada, nosotros hicimos la presentación judicial denunciando que es una arbitrariedad, también fuimos a CIDH a reclamar. El costo de esos operativos se paga con los impuestos de todos nosotros", argumentó.
"Hubo un pronunciamiento de la ONU de que ese protocolo es excesivo, desde el punto de vista legal todavía no tuvimos ninguna notificación por este tema. La ministra está acostumbrada a manipulaciones mediáticas".
Por último, Belliboni no descartó que la titular de la cartera de Seguridad pueda aplicar el protocolo y reprimir en el Congreso mañana: "Vamos con la misma voluntad de siempre de manifestarnos, pero en manos de Bullrich y su pensamiento reaccionario, se puede esperar cualquier cosa, puede armar una provocación o reprimir. No respeta la Constitución", concluyó.
JD / cp