La agenda de Cristina Kirchner avanza a paso firme en el Senado y ya se apura el debate del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que ingresó el jueves por la noche para quitar 1,4% de la coparticipación que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y otorgárselo a la provincia de Buenos Aires, luego de la crisis con la Policía Bonaerense.
Según confirmaron a PERFIL fuentes parlamentarias, el lunes comenzará el tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que comanda Carlos Caserio y de Asuntos Constitucionales, encabezada por María de los Angeles Sacnún, con la intención de llevarlo cuanto antes al recinto.
Después de la conflictiva sesión del último miércoles, en la que Juntos por el Cambio desplegó una estrategia de choque y decidió “desconectarse” en señal de rechazo a la movida encabezada por Cristina Kirchner para remover a tres jueces, la oposición analiza ahora los pasos a seguir. Ayer hubo una primera reunión vía Zoom de la que participaron los integrantes del interbloque que tiene a Luis Naidenoff al frente y el lunes volverán a hacerlo para afinar la postura. También en el interbloque parlamentario de Juntos por el Cambio hay “halcones y palomas”, aunque estos últimos, dicen por lo bajo, cada vez son menos y ya se les está reclamando mayor audacia para enfrentar a la vicepresidenta.
“El recurso de retirarse o no presentarse hay que usarlo pero muy moderadamente, tampoco podemos aparecer como que no queremos trabajar”, comentó a este diario un senador ligado a uno de los gobernadores radicales que teme por la futura asignación de recursos. En el propio Senado la amenaza de Kirchner es recortar al mínimo las partidas para los empleados de los equipos técnicos de los senadores opositores.
Sin embargo, se consolida la idea de realizar una presentación judicial para impugnar la sesión del último miércoles, tal como sucedió en Diputados y los sectores más duros fogonean dejar que Kirchner sesione solo con sus aliados hasta tanto no disponga la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria. Allí pretenden charlar, frente a frente, la prórroga del acuerdo de funcionamiento remoto que los opositores no dan por válido y, al mismo tiempo, consensuar el temario de cada sesión, como indican las buenas prácticas parlamentarias.
La propuesta será incrementar de manera progresiva los senadores presentes en el recinto, donde por ahora solo asisten la presidenta del cuerpo, y las autoridades de la Cámara como son Claudia Ledesma, Martín Lousteau, Maurice Closs y Laura Rodríguez Machado.
Con respecto al proyecto que restringe el aporte a la Ciudad de Buenos Aires, la oposición reclama el tratamiento en la comisión de Coparticipación Federal de Impuestos que aún no se encuentra constituida y si bien demanda que ese dinero ingrese a la masa total coparticipable para que sean beneficiadas otras provincias, temen que, en la práctica, continúen siendo favorecidos los distritos “amigos”.
Remoción encubierta
La Coalición Cívica ARI presentó ayer una ampliación de la denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, la titular del Senado, Cristina Kirchner, y los senadores del Frente de Todos por propiciar la “remoción encubierta” de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. “El procedimiento iniciado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional, la Vicepresidenta de la Nación y un conjunto de senadores es manifiestamente ilegal. Consecuentemente, dichos acontecimientos afectan la independencia del Poder Judicial de la nación”, señala el texto al que tuvo acceso PERFIL y que resume: “Configura un avasallamiento al Poder Judicial que altera el orden constitucional”. La presentación apunta contra la ex presidenta al señalar que “las maniobras son planificadas y ordenadas por la actual Vicepresidenta de la Nación por lo que los hechos puesto en vuestro conocimiento no deben ser analizados individual y aisladamente sino como una maniobra orquestada, a efectos de lograr la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y su círculo”.
