Elevan a juicio oral la causa contra Milani por enriquecimiento ilícito

El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa contra el ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo César Milani, para que responda por las acusaciones de enriquecimiento ilícito, junto a un compañero de armas que habría actuado como testaferro.

A Milani, preso por causas de lesa humanidad, se lo acusa de “haber incrementado ilícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio durante el período en que ejerció la función pública dentro del Ejército Argentino, concretamente en el período de tiempo que va desde el año 2001 hasta mediados de 2013 (tiempo en que se efectuó la presente denuncia)”.

Milani no pudo justificar su nivel de gastos ni la compra de una casa en La Horqueta de 1.150 m2; se encuentra en una zona exclusiva del conurbano norte y fue escriturada por 1,5 millones de pesos.
En su descargo ante la Justicia, Milani dijo que un amigo militar (Eduardo Barreiro) le prestó 200 mil dólares para comprar la casa y que se los entregó en un “bolso chiquito” durante un brindis que se llevó a cabo en el Edificio Libertador. Para la Justicia, Barreiro fue usado como “persona interpuesta” –testaferro– por Milani “para disimular su enriquecimiento injustificado a través de un supuesto préstamo que no se compadece con sus reales posibilidades económicas declaradas y acreditadas”.

En las últimas semanas, Rafecas giró la causa entre las partes y tanto la fiscalía como el Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción, avalaron que el caso llegara a juicio oral.
El ex jefe del Ejército se encuentra detenido desde el 17 de febrero en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar, que tramita en la Justicia federal de La Rioja y en Tucumán.

El delito de enriquecimiento ilícito se castiga con “reclusión o prisión de dos a seis años” más una multa del 50% sobre el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para quien “no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.
La causa comenzó a mediados de 2013, y después de una serie de peritajes los expertos de la Corte determinaron que “no aparecen justificados ni el patrimonio del señor Milani ni sus consumos, esto es, los importes mínimos que hubiera necesitado para atender sus necesidades personales y las de su familia”.