“La Ley de Defensa de la Competencia tenía un plazo explícito para iniciar el proceso de designación de los integrantes de la Autoridad Nacional de la Competencia. Durante 2019 se realizó todo el procedimiento complejo de designación, pero al retirar el pliego de designación del Senado, el Poder Ejecutivo quedó en incumplimiento del plazo establecido por la Ley por omisión antijurídica”, aseguraron desde la Coalición Cívica-ARI sobre la denuncia penal por el incumplimiento de los deberes de funcionario público que implica al Presidente Alberto Fernández, al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y a la secretaria de Comercio, Paula Español, que fue impulsado por la ex diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió.
Durante la mañana de hoy, diversos referentes del espacio político que lidera Carrió presentaron un amparo en el que se intima al Poder Ejecutivo a que remita nuevamente el pliego de la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia al Senado de la Nación, que establece la llamada Ley de la Competencia, sancionada en 2018. Entre los dirigentes que también denunciaron penalmente al Ejecutivo, se encuentran además de Carrió, el legislador porteño Hernán Reyes y los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López.
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“En febrero de este año, el Ejecutivo retiró, para revisión, los pliegos para constituir la Autoridad Nacional de la Competencia, y desde entonces, no convocó a un nuevo concurso ni tampoco se expidieron sobre la supuesta revisión del pliego”, aseguraron los dirigentes de la Coalición Cívica-ARI. “La ausencia de la Autoridad Nacional de Competencia implica una restricción de los derechos de empresas y consumidores, quienes se encuentran imposibilitados de acceder al juez natural, independiente y de expetirse técnica previsto por la Ley de Defensa de la Competencia, para el control y sanción de las conductas anticompetitivas. La independencia de dicho organismo es condición necesaria de un organismo que estudia, investiga y sanciona tanto a privados como a sociedades del Estado o con participación de los propios funcionarios del gobierno a cargo”, agregaron.
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En cuánto a la denuncia penal contra Fernández, Kulfas y Español, desde la Coalición Cívica-ARI dijeron que “se encuentran en una coautoría de la omisión por las responsabilidades que a cada uno le corresponde en el procedimiento de designación complejo de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia”.
SC CP
